Presentación del Estudio de la OCDE "México: Fortaleciendo las Políticas Públicas de Seguridad y Justicia fundadas en la evidencia"

 

Palabras de Angel Gurría
Secretario General
OCDE

01 de noviembre de 2012
México DF, México

Secretario de Gobernación, Secretario de Economía, Director General del IMCO, Señoras y Señores:

Me da mucho estar en México para compartir con ustedes algunas de las principales conclusiones y recomendaciones del nuevo informe de la OCDE “México: Fortaleciendo las Políticas Públicas de Seguridad y Justicia Fundadas en la Evidencia”, mismo que realizamos en estrecha colaboración con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), respondiendo a una solicitud del Gobierno del Presidente Calderón.

El mejoramiento de la seguridad y de la justicia en México son dos de los desafíos más grandes y más urgentes que enfrenta el país. La actual administración ha trabajado intensamente para hacer frente a estos desafíos. Sin lugar a duda, este esfuerzo ha rendido frutos importantes. Sin embargo, el tamaño y la complejidad de estos retos demandan un esfuerzo permanente. 
SG


Por ello nos da mucho gusto saber que el Presidente Electo, Enrique Peña Nieto, ha puesto el fortalecimiento de la seguridad como prioridad principal de su gobierno. Y nos entusiasma el poder servir de puente entre las dos administraciones en esta materia.

Un mandato fuerte y claro

El Gobierno Mexicano dispone de un mandato explícito de sus ciudadanos para abordar este asunto con firmeza. Según la encuesta anual de Latinobarómetro, el delito y la seguridad son los temas que más preocupan a los ciudadanos mexicanos; incluso más que otras cuestiones socioeconómicas acuciantes, como el desempleo o la pobreza.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 68% de los mexicanos afirman que no se sienten seguros en su región. La confianza en la policía local, los jueces y los ministerios públicos no supera el 40% y en los últimos años refleja una desalentadora tendencia a la baja.

La repercusión del delito en el bienestar y la cohesión social de los mexicanos es palpable. Pero también lo son sus consecuencias sobre el crecimiento económico y la competitividad. Las amenazas que pesan sobre la integridad física de las personas y de la propiedad aumentan los costos empresariales y la apreciación del riesgo que conllevan las inversiones. Los procedimientos judiciales corruptos y complejos minan aún más la confianza de los inversionistas.

Por ello la seguridad no se considera ya como una preocupación exclusiva de la policía y los jueces, sino como un asunto que atañe a la política del gobierno en su conjunto. La actividad delictiva tiene fuertes vínculos con los objetivos de desarrollo socio-económico y atañe a una amplia gama de instituciones gubernamentales. Por ello debemos aplaudir que México esté haciendo un esfuerzo por construir una estrategia integral con base en datos comparables y evidencia empírica.

El estudio de la OCDE

El estudio de la OCDE que hoy presentamos ofrece un marco para examinar la seguridad y la justicia como preocupaciones centrales de la política pública mexicana. Este marco constata que las políticas idóneas deben de estar basadas en datos estadísticos confiables; que esos datos deben de ser transformados en pruebas capaces de sustentar las decisiones políticas; y que esas pruebas deberían ayudar a movilizar los recursos del Estado y de la sociedad, proveyendo también una base para la rendición de cuentas a los ciudadanos.

México ha tenido avances importantes

Esta idea se refleja en los avances de México de los últimos años. Las instituciones mexicanas han realizado esfuerzos importantes para mejorar la confiabilidad y la comparabilidad de las estadísticas sobre las actividades delictivas. Podemos afirmar que México se ha convertido en el país en donde más rápidamente se han establecido los dispositivos para medir y difundir la información sobre estas actividades.

Esto ha facilitado el progreso en múltiples dimensiones, incluyendo el reconocimiento del INEGI como líder del sistema nacional de acopio de datos sobre actividades delictivas; una mejora gradual de la calidad y comparabilidad de los registros administrativos en el ámbito local y estatal; y un censo sobre seguridad pública de alta calidad que acopia la más completa información sobre los recursos del sector, en todas las instancias y niveles de gobierno.  

México ha creado también uno de los sistemas más modernos y completos del mundo para el estudio de la victimización y las percepciones acerca de la seguridad pública, la ENVIPE, y coordina los esfuerzos encaminados a normalizar las estadísticas sobre delitos en América Latina y el Caribe. Estos son logros de gran trascendencia. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer.

Sin embargo, persisten los desafíos

México tiene que realizar mayores esfuerzos con miras a usar las pruebas disponibles en apoyo de la formulación y aplicación de medidas para combatir el delito e imponer el estado de derecho. Esto no solamente en orden del Gobierno Federal, sino también, y a veces principalmente, en los gobiernos estatales y municipales.  

De hecho, nuestro estudio pone de manifiesto que en México las actividades delictivas tienen un marcado carácter territorial, más acusado incluso que el que registran en otros países de la OCDE. México es el Estado Miembro que tiene la tasa más alta de asesinatos, pero también es el país donde existe la máxima disparidad regional en estos crímenes. La tasa de asesinatos del Estado de Chihuahua, por ejemplo, es 56 veces superior a la del Estado de Yucatán.  En Baja California el índice de delitos contra la propiedad es tres veces mayor que la media nacional, mientras que en Campeche es cinco veces inferior.  Estas disparidades regionales se reflejan también en el vínculo entre el delito y otras variables socioeconómicas, como el desempleo juvenil.

Esto significa que las políticas relativas a la seguridad y la justicia deben de concebirse a la vez de manera horizontal -para abordar las múltiples causas de los delitos-, pero también de manera “local” -para ajustarlas a los rasgos específicos de cada estado y municipio. Esto aplica también para la ejecución de dichas políticas. En este sentido,  la coordinación entre los distintos niveles de gobierno resulta clave, porque los estados y municipios ejercen amplios poderes en cuanto al funcionamiento de los cuerpos de policía y los tribunales de justicia.  

Otro de los desafíos que destaca nuestro informe es la necesidad de realizar esfuerzos adicionales para aumentar el volumen de datos comparativos en el ámbito de la justicia. Nuestro análisis reconoce las importantes reformas que se emprendieron en 2008 para mejorar la eficacia del sistema de justicia penal en México, pero también hace hincapié en que “sólo lo que se puede medir, es lo que se puede administrar”, e insiste en la necesidad de compilar más datos y pruebas en este sector, para contribuir al desarrollo de las reformas y monitorear su progreso.

Señores Secretarios, Director General del IMCO, Señoras y Señores:

El esfuerzo que México está realizando para mejorar su marco de seguridad y justicia es encomiable. Los avances en la concepción de la seguridad y la justicia como ámbitos para las políticas públicas, en el uso de evidencia empírica para la formulación y aplicación de las políticas y en la dimensión territorial de la actividad delictiva, merecen sin duda la atención de otros países de la OCDE. Permítanme agradecer a las autoridades mexicanas por compartir su experiencia con nosotros y contribuir a ampliar nuestros conocimientos.

Esperamos que el presente estudio ayude a fortalecer las políticas para mejorar la seguridad y la justicia en el país. Sabemos que avanzar en este sentido requiere de decisiones enérgicas de Estado, de un fuerte liderazgo gubernamental, y de políticas públicas sólidas fundamentadas en análisis empírico de la mayor calidad posible.

Tengan la certeza de que la OCDE seguirá apoyando este esfuerzo poniendo a su disposición las mejores prácticas de las economías que más han avanzado en estos campos pero también abriendo un foro para que México venga a discutir estos temas y fortalecer su cooperación internacional para mejorar la seguridad pública de los mexicanos, una condición esencial para el desarrollo del país.

Muchas gracias.


 

 

 

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