19/10/2011 - Un nuevo informe de la OCDE señala que México ha logrado avances, pero necesita dar mayor prioridad a la persecución del cohecho y garantizar que sus autoridades de procuración de justicia cuenten con todas las capacidades y recursos necesarios para investigar toda denuncia relacionada con dicho ilícito.

El Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE concluyó la evaluación de México en cuanto a la aplicación de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales e instrumentos relacionados. 

El Grupo de Trabajo formuló las siguientes recomendaciones a México:

• Impulsar las diversas iniciativas de ley pendientes de aprobación para fortalecer el combate a la corrupción, en particular, reformar y aplicar su legislación en materia de responsabilidad legal de las personas morales que cometan el delito de cohecho internacional.
• Ampliar su legislación en materia de decomiso del producto del cohecho internacional y  asegurar que en la práctica, dicha medida sea aplicada.
• Continuar mejorando el nivel y la velocidad de atención a las solicitudes de asistencia jurídica mutua en casos relacionados con el delito de cohecho internacional.
• Aclarar expresamente que el cohecho a servidores públicos extranjeros no es deducible para efectos fiscales.
• Promulgar leyes para proteger a los denunciantes de actos de corrupción en los sectores público y privado; y
• Modificar la legislación, precisando la obligación de los auditores externos de denunciar ante las autoridades competentes los delitos detectados durante las auditorías que formulen, y que reciban protección ante posibles represalias.

 

El Grupo de Trabajo destacó aspectos positivos en el cumplimiento de la Convención por parte de México, entre otros, sus esfuerzos y compromiso de alto nivel por sensibilizar al sector privado sobre los riesgos que conlleva el delito de cohecho internacional. También se reconoció el liderazgo del gobierno mexicano en la lucha contra con el lavado de dinero derivado de actos de corrupción, en el marco del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

El Grupo de Trabajo – integrado por los 34 países miembros de la OCDE junto con Argentina, Brasil, Bulgaria, Rusia y Sudáfrica – aprobó el Reporte correspondiente a la Tercera Fase de Evaluación de México. El Reporte está disponible en www.oecd.org/daf/nocorruption y enlista todas las recomendaciones del Grupo de Trabajo en las páginas [insertar], además de incluir una revisión general del marco jurídico y de las políticas de México para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros. Al igual que el resto de los miembros del Grupo de Trabajo de la OCDE, México deberá presentar un reporte por escrito al Grupo dentro dos años, que será la base para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones de la Fase 3.

Para más información, los medios pueden ponerse en contacto con Mary Crane-Charef, funcionaria adscrita al Área de Comunicación de la División Anticorrupción de la OCDE, correo electrónico Mary.Crane-Charef@oecd.org; teléfono (33) 1 45 24 97 04.

Para más información sobre el trabajo de la OCDE para el combate a la corrupción, visite www.oecd.org/daf/nocorruption.