Palabras de Angel Gurría,
Secretario General, OCDE

11 de enero de 2017
Ciudad de México, México

(As prepared for delivery)

 

 

Estimada Secretaria Arely Gómez, Embajador Pérez-Jácome, Subsecretarios, señoras y señores:

 

Me da mucho gusto estar con ustedes para presentar el Estudio de la OCDE sobre las políticas de Integridad de México. Especialmente tras la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y, pronto, con el establecimiento de Sistemas Locales Anticorrupción en las entidades federativas y los municipios.

 

Quiero agradecer a la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, y a todo el equipo de la SFP y del Gobierno de México por esta excelente colaboración. Gracias también a las diversas organizaciones gubernamentales y expertos de la sociedad civil que participaron en el estudio. Este es un ejemplo de cómo se deben enfrentar los desafíos en México: con un gobierno decidido y comprometido, con la participación de la sociedad civil, y el apoyo de una organización internacional con amplia experiencia en la materia.

 

El combate a la corrupción: una prioridad para México

 

Todos lo sabemos. La corrupción es un cáncer de proporciones mayúsculas en México. Debilita el sistema económico, destruye la cohesión social y erosiona la confianza de nuestra población en el gobierno, la democracia y la economía de mercado. De acuerdo con el  informe anual del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), cerca del 5% del PIB de México se pierde anualmente por la corrupción y la impunidad.

 

México tiene que embarcarse en una batalla nacional contra la corrupción. La aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es un avance muy importante en este sentido. El SNA, y el paquete de legislación complementaria, introducen una serie de instrumentos innovadores que pueden ser muy eficaces para combatir la corrupción. Por ejemplo:

• Una nueva estructura de gobernanza para las políticas anticorrupción, extensiva a todos los órdenes de gobierno, que destaca de manera prominente a la sociedad civil mediante un Comité de Participación Ciudadana. Esto será crucial para garantizar una mayor supervisión del funcionamiento del SNA e impulsar el logro de sus objetivos.
   
• Los nuevos códigos de conducta y Comités de Ética en todo el gobierno federal, que deberán comunicar claramente los valores de integridad compartidos por toda la administración pública y que ahora se concentran solamente en algunas actividades de alto riesgo, como son las licitaciones públicas;
   
• Requisitos de divulgación y publicidad más estrictos para los funcionarios públicos, que ahora incluyen no sólo activos y pasivos financieros sino también intereses que podrían llevar a situaciones de conflicto;

• Un régimen administrativo disciplinario simplificado, que pone mayor énfasis en la investigación y sanción de las faltas graves;
   
• Por supuesto, hay muchas otras iniciativas asociadas, tales como la Plataforma Digital en línea, que surgirá como resultado del SNA.

 

Estas nuevas “armas” para el combate a la corrupción y la promoción de la integridad reflejan una postura más firme respecto a un problema que ha afectado al país durante mucho tiempo.

 

Y por supuesto que el éxito de este nuevo sistema dependerá de la eficaz implementación de sus disposiciones. Y es justo en este desafío en el que hemos enfocado este estudio.

 

El estudio sobre las políticas de integridad

 

El Estudio sobre las Políticas de Integridad que llevó a cabo nuestro equipo, en colaboración con la SFP, durante casi de 18 meses, fue un trabajo intenso que implicó la organización de entrevistas con funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil en México y de tres talleres sobre ética pública, diseño institucional y control interno.

 

El estudio presenta un análisis sobre temas como integridad en la sociedad, gestión de conflictos de interés, protección de denunciantes de actos de corrupción, régimen disciplinario, ética pública, control interno y gestión de riesgos y más de 60 propuestas concretas de acción. Permítanme mencionar cuatro que consideramos claves:

 

• Fortalecer la coherencia de las políticas de integridad. Para ello es importante no solo mejorar la coordinación horizontal  entre instituciones públicas, sino también el flujo vertical dentro de cada organismo. Requerir que cada institución establezca sus propios planes de lucha contra la corrupción podría ayudar a asegurar que este compromiso permee en todos los niveles jerárquicos. La coordinación y colaboración entre diversos órdenes de gobierno también es crucial. Los Estados deberán cumplir con la nueva legislación. También será fundamental incluir de manera formal a las organizaciones de la sociedad civil.
   

• Desarrollar una cultura de integridad. Si bien las nuevas y más estrictas leyes y normas son necesarias para promover la integridad, las experiencias de otros países de la OCDE han demostrado que su adopción es insuficiente para garantizar su cumplimiento y el desarrollo y aprecio por la integridad como un valor esencial. Una consulta más sistemática, una inclusión más amplia de la sociedad civil y de los servidores públicos, el diseño de códigos para la integridad dirigidos a los jóvenes en las escuelas y protecciones más robustas para quienes denuncien irregularidades, ayudarían a asegurar que el respeto a dichas normas sea el resultado de una cultura de integridad.
  
  

• Fortalecer las líneas de defensa contra la corrupción. Los funcionarios de nivel gerencial, los contralores internos y los auditores están en la línea de fuego de la guerra contra la corrupción. Mientras que las reformas actualizan y fortalecen la gestión del riesgo y las políticas de control interno, deben estar respaldadas por la profesionalización del servicio público, un gran tema pendiente, y por el desarrollo de capacidades para fomentar un compromiso genuino y evitar que el control interno siga siendo visto como una carga administrativa.
   
  
  
• Hacer cumplir el sistema de integridad. Las reformas anticorrupción corren el riesgo de perder credibilidad si se permite a funcionarios y empresas corruptos beneficiarse de la impunidad. Facilitar el acceso de investigadores a información financiera y fiscal necesaria para sus labores, así como producir mejor información sobre la nueva clasificación de casos y el desempeño del régimen disciplinario, ayudaría a llevar tales casos a buen término.

 

Señora Secretaria, Señoras y Señores: Esta cruzada contra la corrupción, estas nuevas leyes, esta nueva cultura de la integridad que queremos construir, pueden constituir una de las bases fundamentales de la transformación más importante de la historia reciente de México. Pero ahora comienza el trabajo pesado. La letra de la ley debe ahora traducirse en un extenso cambio institucional, de conducta y de cultura. Debe abarcar todos los órdenes de gobierno y a la sociedad en general, y debe por supuesto incluir a los gobiernos de los Estados al nivel estatal pero también municipal. En ese nivel  ha habido muchos casos de corrupción que lastiman a la ciudadanía y a su confianza en el gobierno.

 

La OCDE continuará apoyando a México en la implementación de estas reformas, así como en el monitoreo de su avance mediante un informe de seguimiento el año próximo.

 

Cuenten con nosotros en esta batalla. Gracias.