Discurso de Ángel Gurría
Secretario General OCDE
San José, Costa Rica - 17 de abril de 2018
(Versión para su distribución)
Señoras y Señores:
Me da mucho gusto presentar por segunda vez el Estudio Económico de la OCDE sobre Costa Rica. Quiero agradecer al Ministro Mora, al Banco Central y a las autoridades costarricenses su apoyo continuo en la preparación de este informe.
Esperamos que este informe que la OCDE prepara cada dos años sobre las perspectivas y retos de la economía costarricense contribuya a impulsar un crecimiento más resiliente, más incluyente y más sustentable en Costa Rica. Y en especial, esperamos que sea de utilidad a la nueva administración del Presidente Carlos Alvarado.
Durante la última década, Costa Rica dio pasos muy importantes en su desarrollo económico y social, apoyándose en servicios de salud, educación y pensiones prácticamente universales. Costa Rica es conocida por su impronta ecológica, por la protección de sus bosques y por su rica biodiversidad. La esperanza de vida está en línea con los niveles de la OCDE, la clase media es relativamente amplia y la satisfacción con la vida es similar a la de algunos de los países de la OCDE . Costa Rica ha abrazado la globalización y recogido sus frutos mediante la intensificación de sus exportaciones, que incluyen productos de alta tecnología, turismo y servicios profesionales. Además, se ha favorecido la inversión extranjera directa y la integración en las cadenas de valor globales.
Con el inicio del proceso de adhesión a la OCDE en 2015, Costa Rica dio un renovado impulso al proceso de reforma de muchas de sus políticas, con miras a homologarlas con las mejores prácticas de la OCDE. El proceso de adhesión actúa como un catalizador de las reformas, pues fomenta el análisis, el escrutinio, la evaluación y la generación de propuestas para incrementar la eficiencia del gasto público y la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Estas reformas benefician ante todo a Costa Rica y sus ciudadanos.
Sin embargo, aunque la valoración general es positiva, todavía queda mucho por hacer para poder entrar en la Champions League de los países con mejores prácticas, que es de lo que trata la OCDE.
Uno de los retos fundamentales de Costa Rica es su desequilibrio fiscal, que sigue representando la mayor amenaza para la estabilidad económica, el crecimiento y los niveles de vida del país.
En 2016, cuando presenté el primer informe económico de este tipo, alertamos a Costa Rica de su peligrosa situación fiscal. En la actualidad, las agencias de calificación han revisado a la baja el rating de solvencia de la deuda soberana del país por debajo de categoría de inversión, y la prima de riesgo también ha aumentado. En los últimos 9 años, el país ha venido registrando déficits presupuestarios y primarios. En 2017, el déficit fiscal se deterioró hasta el 6.2% del PIB, su peor resultado en tres décadas. La mitad del déficit de Costa Rica se dedica a pagar los intereses de la deuda, que se ha disparado desde alrededor de un 25% del PIB en 2008 hasta cerca de un 50% en 2017. Es preciso actuar con urgencia, aprovechando el viento de cola del que disfrutará el nuevo gobierno.
Y es que Costa Rica seguirá creciendo en los próximos años a un ritmo dinámico: alrededor de 3.7% en 2018 y 2019, según indica el estudio. Ahora bien, este crecimiento debe traducirse en una mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Costa Rica tiene que repartir más ampliamente los beneficios del crecimiento. La pobreza, la desigualdad de ingresos y las brechas de género, aunque reducidas en comparación con otros países latinoamericanos, son elevadas en relación a las que observamos en los países de la OCDE. La brecha de género en la tasa de empleo es casi dos veces mayor que la brecha promedio de la OCDE. También la desigualdad de ingresos es elevada: el 20% de hogares más ricos percibe unos ingresos 14 veces superiores a los del 20% de hogares más pobres, en comparación con 5.4 veces de media en los países de la OCDE.
Como en otros países de América Latina, la economía informal se ha mantenido en niveles elevados, llegando al 40% del total de trabajadores. Mientras, la tasa de participación en el mercado de trabajo ha disminuido. El desempleo también es alto, en especial entre los jóvenes.
Desde mediados de la década de 2000, la productividad costarricense ha cobrado cierto impulso, si bien la brecha con los países de la OCDE aún es profunda. La productividad laboral es poco más de una tercera parte de la media de la OCDE. El tema de la productividad, clave para el desarrollo socioeconómico, nos centrará mañana en la reunión del Foro Global de la OCDE sobre Productividad que estamos celebrando en San José.
La educación también tiene que seguir siendo una prioridad política para impulsar una productividad y un crecimiento inclusivos. Pero Costa Rica necesita sacar más provecho de su inversión en educación. Representando casi el 8% del PIB, el gasto en educación es más alto que en todos los países de la OCDE. Pero alrededor del 30% de los estudiantes abandonaron sus estudios antes de los 15 años y un tercio de los que permanecen en la escuela carecen de competencias básicas. El gasto en educación debe ser más efectivo y reflejarse en los resultados.
Si Costa Rica no aborda los problemas de productividad e inclusión, corre el riesgo de quedar atrapada en un “círculo vicioso” en el cual las personas con bajas competencias y escaso acceso a las oportunidades quedan relegadas a puestos de trabajo de baja productividad, salario reducido y de carácter informal. Y ello perjudicará la productividad agregada y agravará aún más la desigualdad. Para poner en marcha un “círculo virtuoso” será necesario acometer reformas en varios ámbitos de políticas que brinden oportunidades en términos tanto de equidad como de aumentos de la productividad.
El crecimiento por sí solo no estabilizará los niveles de deuda y cada año de inacción exigirá sacrificios adicionales. Entre las recomendaciones que ofrece el estudio, destaca la necesidad de adoptar un paquete fiscal exhaustivo, con medidas encaminadas a contener el gasto e incrementar los ingresos.
El proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que recientemente ha sido presentado por la vía rápida ante la Asamblea Legislativa debe ser aprobado sin demora. En ese proyecto de ley se propone un ajuste fiscal de casi el 2% del PIB, de los que tres cuartas partes corresponden a un aumento de ingresos. Aunque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas prevé también una regla fiscal renovada, que será más eficaz que la actual a la hora de contener el crecimiento del gasto, es preciso hacer más para controlar el gasto público. Sin reducciones sustanciales de las asignaciones presupuestarias, los efectos de las medidas de consolidación en forma de incrementos de la recaudación fiscal no serán suficientes. A medio plazo, se precisará de otras actuaciones en materia de contención del gasto público para que el ratio de deuda/PIB se sitúe en niveles prudentes y se consiga mayor margen fiscal para afrontar contingencias.
El estudio también recomienda medidas para combatir la elevada proporción de trabajadores con empleos informales, que supone una fuente de desigualdad y un lastre para la productividad. Se necesita una estrategia integral que garantice el cumplimiento de la normativa en materia laboral y que incluya esfuerzos constantes para simplificar la compleja estructura del salario mínimo.
Además, impulsar la productividad del mercado laboral requiere incentivar la entrada de competidores. En este sentido, las barreras al espíritu empresarial, las exenciones antimonopolio y el control estatal son un obstáculo en muchos sectores. Nuestro estudio recomienda mejorar la gobernanza de las empresas estatales según los estándares de la OCDE, establecer ventanillas únicas para el registro y la concesión de licencias comerciales, agilizar los procedimientos de insolvencia, eliminar las exenciones antimonopolio y mejorar la facilitación del comercio.
En materia de educación, es necesario que los recursos se canalicen a la educación y cuidado de la primera infancia para brindar a todos los niños la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial. Dado que los resultados de las reformas están fuertemente influenciados por el entorno socioeconómico, se debe brindar un apoyo focalizado y dirigido a los estudiantes en riesgo. El enfoque global debe estar orientado a resultados: se deben establecer objetivos claros y verificables basados en el desempeño para medir el éxito de las políticas educativas.
Las reformas para reducir la informalidad y fomentar la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, mejorar los resultados y la igualdad en la educación, reforzar las competencias, disminuir las cargas regulatorias, y fomentar la oferta y calidad de las infraestructuras son ámbitos prioritarios de cara a estimular un crecimiento incluyente. Además, debemos trabajar para construir un tejido empresarial más innovador. Es importante impulsar la inversión en I+D, que representa solo el 0.6% del PIB, muy por debajo del promedio de 2.4% en la OCDE; así como incentivar la transferencia de conocimientos al sector privado.
Señoras y Señores,
Durante el mandato del Presidente Solís, Costa Rica se embarcó en un importante programa de reformas políticas diseñado para avanzar hacia el desarrollo. Al intensificar su relación con la OCDE, Costa Rica ha ampliado su conocimiento de las mejores prácticas en el ámbito de la formulación de políticas. Es preciso que esta dinámica se mantenga y se adopten medidas audaces que allanen el camino para un futuro mejor y más brillante.
La OCDE está colaborando estrechamente con el Presidente Alvarado para ayudar a su futuro gobierno a impulsar la productividad y lograr un crecimiento más sólido e inclusivo que beneficie a todos los costarricenses. Cuenten con nosotros. Muchas gracias.
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