Los efectos de la emergencia provocada por el COVID-19 se están dejando sentir a escala mundial en las vidas de muchas personas. La máxima prioridad de los gobiernos es frenar el avance del virus y reducir la tasa de infección mediante iniciativas y esfuerzos coordinados que permitan reforzar los sistemas de salud públicos y adoptar medidas de respuesta socioeconómica sin precedentes. El efecto inmediato de las medidas de contención de la propagación del virus ha sido una grave y repentina desaceleración de la actividad económica mundial. Esto ha dado lugar a una mejoría parcial y de corto plazo en el medio ambiente, como lo son las importantes reducciones en la contaminación atmosférica a nivel urbano y las emisiones de gases de efecto invernadero en muchos países. No obstante, es probable que estos efectos sean meramente temporales, ya que los gobiernos han puesto en marcha una amplia batería de estímulos para reactivar el crecimiento económico, pudiendo incluso llegar a revertir los logros medioambientales alcanzados en los últimos decenios una vez que se inicie la recuperación.

La propagación del COVID-19 ha incrementado la conciencia de la población acerca de la imperante necesidad de mejorar las medidas preventivas, así como aumentar nuestra capacidad de recuperación y adaptación ante la pandemia. El cambio climático, la contaminación de los recursos hídricos y los factores desencadenantes de la pérdida de biodiversidad, como son la deforestación y el comercio ilícito de especies silvestres, pueden aumentar el riesgo de nuevas pandemias como, por ejemplo, enfermedades transmitidas por el agua o infecciosas. La contaminación atmosférica está causando 4,2 millones de muertes prematuras al año por enfermedades respiratorias y amenaza la salud ambiental de las comunidades. Por otra parte, la falta de acceso al agua corriente y servicios de saneamiento en algunos países en desarrollo, incluso para lavarse las manos, puede agravar los efectos de las pandemias. Dichos factores medioambientales suponen un grave perjuicio para la salud ambiental de grandes sectores de la población, especialmente de los denominados grupos vulnerables, entre ellos los segmentos menos favorecidos o económicamente más débiles de la sociedad. En consecuencia, es importante que los países integren la perspectiva de género y promuevan la inclusión en sus respectivos planes de acción medioambientales.

Más allá de la crisis sanitaria inmediata, si bien son fundamentales las iniciativas públicas de apoyo a la recuperación económica, éstas no deben afectar en modo alguno o poner en entredicho las medidas de actuación encaminadas a limitar las amenazas derivadas del cambio climático y la degradación del medio ambiente, problemas que podrían resultar tan desestabilizadores para las sociedades y economías como el COVID-19, aunque en un plano temporal distinto. Las políticas y las medidas de estímulo económico deben estar alineadas con los compromisos y necesidades en materia de cambio climático, biodiversidad y protección del medio ambiente. Se está agotando el tiempo del que disponemos para tomar medidas suficientemente enérgicas ante el cambio climático, a la vez que las medidas económicas a corto plazo tendrán una repercusión considerable sobre la capacidad de cumplir los objetivos que nos hemos trazado a nivel mundial.

Los esfuerzos de recuperación darán a los países la oportunidad de convertir las tan necesarias mejoras ambientales en parte integral de la recuperación económica, en lugar de percibir tales medidas como una carga adicional en un momento de crisis. Las medidas de estímulo pueden brindar, asimismo, la oportunidad de invertir en las transformaciones económicas e innovaciones tecnológicas que, como sabemos, son necesarias para lograr mejoras sostenibles en las vidas de las personas que dependen, entre otros factores, de un medio ambiente saludable. Aparte de brindar oportunidades económicas a corto plazo, dichas mejoras son fundamentales para reforzar la capacidad de recuperación de las sociedades a escala mundial en el futuro. Tanto las medidas a corto como a largo plazo deben obedecer a propósitos diferentes y conseguir garantizar la prosperidad económica y el bienestar general, mejorar la productividad, reforzar la capacidad de resiliencia y «descarbonizar» la economía.

A la hora de desarrollar políticas inmediatas, cortoplacistas, de apoyo a sectores específicos y macroeconómicas ante la emergencia provocada por el COVID-19, resulta oportuno y conveniente que los gobiernos:

  • Evalúen sistemáticamente los posibles efectos ambientales negativos e indeseados de las nuevas disposiciones fiscales y tributarias a corto plazo. Si bien la prioridad es, lógicamente, la de ofrecer ayuda urgente a las empresas y personas afectadas, un análisis exhaustivo de los efectos de carácter medioambiental de las medidas de estímulo reforzaría significativamente y aportaría coherencia a las políticas eventuales, al tiempo que evitaría consecuencias adversas e imprevistas que podrían poner en entredicho la capacidad de recuperación y la salud ambiental de las sociedades en un futuro.

  • No abandonen ni den marcha atrás en lo concerniente a las normas ambientales vigentes como parte de los planes de recuperación. A medida que los países adopten medidas urgentes para hacer frente a las repercusiones sanitarias y económicas inmediatas de la crisis, será importante no sólo no retroceder, sino también hacer todo lo posible por salvaguardar los avances logrados en los últimos decenios por lo que respecta a la lucha contra el cambio climático, la contaminación atmosférica y del agua, la pérdida de biodiversidad y otros problemas medioambientales.

  • Supediten, en su caso, las medidas de apoyo financiero a sectores específicos a la consecución de mejoras ambientales. La adopción de medidas de apoyo financiero como, por ejemplo, los préstamos preferentes, las garantías crediticias y las deducciones fiscales podría tener específicamente la finalidad de alentar compromisos ambientales más firmes y una actuación más enérgica en sectores altamente contaminantes que pueden verse especialmente golpeados por la crisis.

  • Se aseguren de que las medidas adoptadas mejoren los niveles de salud ambiental a fin de reforzar la resiliencia de las sociedades ante este tipo de fenómenos. Un medio ambiente más limpio tendrá un efecto positivo en la salud humana, hasta el punto de que, por ejemplo, la reducción de la contaminación atmosférica contribuirá a mejorar la salud de los segmentos vulnerables de las poblaciones urbanas, llegando incluso a fortalecerlos frente a otros riesgos y problemas para la salud.

  • Informen claramente sobre los beneficios de mejorar la salud ambiental de las sociedades a escala mundial. El hecho de subrayar cuáles son los beneficios para el bienestar y la prosperidad de sociedades más resistentes y mejor adaptadas para hacer frente a futuros riesgos puede contribuir a intensificar el apoyo público para la adopción de medidas encaminadas a mejorar la salud ambiental.

A medida que avance la crisis del COVID-19, será necesario evaluar los efectos de las medidas y políticas públicas de estímulo económico respecto del impacto medioambiental a largo plazo. La pieza clave de este proceso residirá en la adopción de medidas que posibiliten la transición a economías caracterizadas por emisiones bajas de contaminantes y un empleo eficiente de los recursos. A modo de ejemplo, los proyectos de inversión asociados a los planes de reactivación y recuperación de la economía cobrarán una especial importancia a la hora de establecer los objetivos medioambientales para las próximas décadas, prioridad mundial esencial si queremos evitar los peligros del cambio climático. Por su parte, la OCDE seguirá prestando apoyo a los gobiernos en la implementación de políticas que permitan obtener mejores resultados ambientales en apoyo a las iniciativas y esfuerzos desplegados para superar la actual emergencia de salud pública internacional.

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