El brote de COVID-19 en la región comenzó el 26 de febrero, cuando Brasil confirmó un caso en Sao Paulo, muchos casos importados comenzaron a aparecer en otros países en las semanas siguientes. Desde ese momento, ha habido al menos 251,387 casos confirmados y 13,365 fallecimientos.1 A pesar de este nivel de propagación relativamente bajo en comparación con Estados Unidos, Europa y Asia, gran parte de los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe (ALC) han reaccionado rápidamente y de forma preventiva al tomar una gran variedad de medidas para proteger a sus ciudadanos y contener la propagación del COVID-19. Esta reacción preventiva en gran parte se debe a ciertos desafíos regionales particulares que los países de ALC enfrentan en respuesta a esta pandemia tales como, por ejemplo, sistemas de salud y redes de seguridad social menos expansivos y sofisticados. Ya que la región de ALC es grande, sumando un total de más de 30 países, esta nota se enfocará en los 15 países de ALC que forman parte del Grupo Directivo del Programa Regional de la OCDE para ALC.2

La mayoría de los primeros casos que se presentaron en la región entre finales de febrero e inicios de marzo estuvieron relacionados con viajeros que regresaban/venían de Europa, Asia o los Estados Unidos. En respuesta a ello, la mayoría de los 15 países que abarca esta nota3 cerraron todas sus fronteras, generalmente con exclusiones para los ciudadanos y residentes que retornaban, durante el mes de marzo. Además, todos los países han implementado medidas para cerrar espacios públicos y limitar las reuniones sociales, y más de la mitad de los países instauraron medidas más estrictas a nivel nacional tales como toques de queda4 y/o declaraciones de cuarentena para “refugiarse en casa”5 (ver Anexo 1 para obtener más información). A pesar de estas medidas, la cantidad de casos confirmados va en aumento en todos los países (ver Figura 1).

Además de los riesgos a la salud, se espera un impacto socioeconómico significativo en la región que ya enfrentaba dificultades (UN-ECLAC, 2020[1]). América Latina depende en gran medida de la economía de China, y la región sentirá la crisis aún más a medida que los efectos del virus en la economía de Estados Unidos aumenten. Adicionalmente, en una perfecta crisis económica, la baja en los precios del petróleo, los metales y los minerales ha generado el desplome de los mercados y las monedas latinoamericanas (Horwitz et al., 2020[2]). Muchos países de ALC tienen también importantes sectores turísticos, que padecerán al igual que los servicios, las PYMES y las exportaciones de productos básicos. Antes de la epidemia, el FMI había previsto un crecimiento del 1.6% en el PIB de la región para el año 2020. Desde entonces, las condiciones externas e internas han empeorado y a través de una combinación de distintos canales, la región se contraerá en 2020; la magnitud de este efecto dependerá de la profundidad y la duración del COVID-19.6

Si para los países desarrollados los impactos de esta pandemia sobre la salud y la economía eran ya muy significativos, la región ALC enfrenta desafíos adicionales. Cuanto más deseen los encargados de la elaboración de políticas contener al virus, más necesitarán cerrar al país y se requerirá más margen fiscal para mitigar la recesión más profunda que ello generará (Hausmann, 2020[3]). Aun así, la mayoría de los países de ALC carecen de margen fiscal incluso en sus mejores momentos. Además, la dualidad de la economía formal/informal y los riesgos de la sociedad exacerban las desigualdades y el descontento social.

A través del enfoque en los 15 países que son parte del Grupo Directivo del Programa Regional de la OCDE para ALC, esta nota brinda un panorama general de las medidas que se han implementado para mitigar la situación de salud pública, incluyendo sus aspectos sociales, económicos y de gobernanza.

Al 21 de abril, más de la mitad de los países de ALC que comprende esta nota habían sido clasificados como Categoría 4 por la OMS, que indica “transmisión comunitaria” del virus.7 Actualmente, los países más afectados son Brasil, Chile, Perú, Ecuador y México. Brasil también tiene en este momento la tasa más alta de incremento de casos en la región.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), la filial de la OMS en el continente americano, proporciona cooperación técnica, trabajando con los ministerios de salud de ALC y ha lanzado una petición a donadores y asociados para recaudar 94.8 millones de dólares con el fin de aumentar la capacidad de los países en el continente para responder al COVID-19. La estrategia de respuesta diseñada en esta petición tiene dos objetivos principales: hacer más lenta la transmisión del virus y mitigar el impacto en la salud en la región a causa del COVID-19.8

Los países de ALC están tomando medidas para prevenir el aumento y la propagación del COVID-19 en la región, en vista del impacto que el virus está teniendo en Europa, Asia y los Estados Unidos, y con el temor de la capacidad comparativa de sus propios sistemas de salud y redes de seguridad social. Como se comentó anteriormente, la mayoría de los 15 países que se abarcan en este documento cerraron todas sus fronteras, generalmente con excepción de los ciudadanos y residentes que retornaban, durante el mes de marzo.9 Además, todos los países han implementado medidas para cerrar espacios públicos y limitar las reuniones sociales, y más de la mitad de los países instauraron medidas más estrictas a nivel nacional tales como toques de queda10 y/o declaraciones de cuarentena para “refugiarse en casa” 11 (ver Anexo 1 para obtener más información).

También ha habido varios esfuerzos de coordinación entre los gobiernos de ALC. Por ejemplo, el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) reunió de manera remota a los Jefes de Estado de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Bolivia (observador) y Uruguay (invitado especial) el 16 de marzo para acordar una declaración conjunta para trabajar de una “manera coordinada y eficiente” para enfrentar la emergencia de salud pública, estableciendo medidas que, entre otras cosas, prometen la cooperación para asegurar que los nacionales puedan regresar a sus países de origen a pesar de las restricciones de viaje y tránsito. Los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)12 también se reunieron de forma virtual el 11 de marzo y derivado de ello aprobaron un plan de contingencia regional13 para enfrentar la pandemia del COVID-19, junto con un sitio web específico llamado “Centroamérica unida contra el coronavirus”.14

Mientras tanto, el número de pacientes en aumento, el equipo de protección inadecuado para los trabajadores del sector salud y las instalaciones limitadas para brindar cuidados intensivos se agregan a los temores de contagio en la región que serían difíciles de controlar. En general, los sistemas de salud en los países de ALC tienen una capacidad significativamente menor que el promedio de los países de la OCDE, con menores gastos en salud, menos camas de hospital y profesionales del cuidado de la salud por cada 1000 habitantes, así como sistemas de vigilancia sanitaria más débiles que los países de la OCDE. Por ejemplo, México, Costa Rica, Colombia y Chile tienen máximo 2.1 camas por cada 1000 personas, en tanto que el promedio en la OCDE es de 4.7 (OECD, 2019[4]). Estas brechas de capacidad se extienden más allá de la cantidad de camas e incluyen también asuntos como las pruebas; por ejemplo, el Ministerio de Salud de Costa Rica anunció el 11 de marzo que ya no reportaría los casos sospechosos en el país, ya que la cantidad de casos sospechosos supera la capacidad de aplicación de pruebas del laboratorio nacional de Costa Rica.

Asimismo, la pandemia del COVID-19 pone cruelmente en evidencia las desigualdades en el acceso a los servicios de salud, en una región donde aproximadamente 125 millones de personas aún no tienen acceso a los servicios de salud básicos y más del 47% de la población no cuenta con seguridad social (PAHO/WHO, n.d.[5]; Bárcena, 2020[6]). La falta de una cobertura sólida de salud universal deja a muchas personas también desprotegidas frente a un gasto de salud potencialmente catastrófico. Para quienes tienen una enfermedad leve, que cuentan con una buena cobertura de salud y viven en áreas bien equipadas, contraer el virus significa solamente pedir una licencia por enfermedad, poder acceder a los servicios de salud que requieran y sigan recibiendo un salario. Sin embargo, para todos los que se encuentran en el fondo de la cadena de ingresos, aquellos sin una buena cobertura de salud, que trabajan en el sector informal y quienes viven en áreas remotas o marginadas, enfermarse puede tener consecuencias catastróficas tanto en su salud como en su sustento. Muchas personas no cuentan con seguros médicos y enfrentan un mayor riesgo de mortalidad debido a que no pueden obtener atención médica de buena calidad.

A la luz de estos desafíos, los países de ALC han estado implementando medidas para mejorar la capacidad de sus sistemas de salud para enfrentar esta crisis, así como mejorar el acceso para todos los ciudadanos. Algunas de las medidas, como las que están relacionadas con la salud mental y la violencia intrafamiliar son bastante innovadoras y podrían servir de ejemplo para otros países. Por ejemplo:

Iniciativas regionales:

  • Los países miembros de Prosur acordaron una declaración conjunta que incluye medidas para adquirir insumos y equipo médico conjuntamente para enfrentar la pandemia y coordinarse con organismos multinacionales regionales.

  • El Plan de Contingencia Regional del SICA15 antes mencionado moviliza al Consejo de Ministerios de Salud existente para la subregión (COMISCA) para participar conjuntamente en negociaciones y compras de equipo médico para los países miembros del SICA, así como diversas medidas coordinadas de comunicación y respuesta relacionadas con la gestión de salud y riesgos. Esto ha dado como resultado la compra de 180 mil kits de prueba para COVID-19, utilizando los fondos del SICA en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

  • El 5 de abril, el Mercosur aprobó un fondo especial de 16 millones de dólares estadounidenses para uso de sus miembros en el combate de la pandemia, especialmente para adquirir más pruebas.16

  • La Red Iberoamericana de Autoridades en Medicamentos, con apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), ha creado una plataforma digital donde los 22 países iberoamericanos17 podrán compartir y consultar información oficial sobre tratamientos, pruebas clínicas de medicamentos y guías técnicas para personal de salud, para enfrentar al COVID en la región.

Iniciativas nacionales:

  • Argentina anunció el 18 de marzo que construirá ocho hospitales de emergencias para combatir al virus.

  • Brasil abrió 5,000 vacantes para médicos a través del programa Mais Medicos y anunció la creación de 2,000 nuevas camas de UCI, al tiempo que aprobó la inclusión de la prueba del COVID-19 como procedimiento obligatorio en los planes de seguro médico para portadores sospechosos. Además, el 11 de marzo se acordó destinar al menos 1 mil millones de dólares estadounidenses de un proyecto de presupuesto al Ministerio de Salud para combatir al virus. Alrededor de 185 millones de dólares estadounidenses serán transferidos a los estados y municipios para cubrir horarios extendidos en instalaciones públicas de salud, distribuidos de acuerdo con la población estatal.

  • Chile determinó un costo máximo de 30 dólares para la prueba del COVID-19 en instalaciones médicas privadas.

  • Colombia anunció el despliegue virtual de cerca de aproximadamente 2,500 profesionales de la salud mental el 24 de marzo para apoyar en las medidas nacionales de cuarentena “quédate en casa”.

  • Costa Rica implementó regulaciones a los precios para alcohol en gel, desinfectantes líquidos, desinfectantes en spray, jabón en barra o líquido y toallas desinfectantes.

  • La República Dominicana anunció que, a partir del 7 de abril, todos los trabajadores formales (y sus dependientes) cuyo trabajo había sido interrumpido por la crisis podrían seguir inscritos en el programa del Seguro Familiar de salud durante los siguientes 60 días.

  • Ecuador ha hecho las pruebas de COVID-19 sin costo para cualquiera que presente síntomas.

  • Perú anunció que estaba realizando la compra de 1.4 millones de pruebas rápidas de coronavirus a China y entabló contacto con China para comprar el hospital portátil que se construyó en 10 días en Wuhan.

  • Panamá suspendió todas las cirugías y visitas hospitalarias no esenciales desde el 16 de marzo para generar mayor capacidad hospitalaria.

  • Uruguay ha lanzado una aplicación móvil para ubicar casos en el país, así como un sitio web. El 28 de marzo, el país anunció también medidas para detener el aumento de la violencia de género durante la cuarentena, incluyendo una campaña de concientización en redes sociales y medios masivos, una línea de apoyo de emergencia, además de un protocolo del Ministerio de Salud para que el personal detecte casos de violencia intrafamiliar.

  • Aumentar la capacidad de pruebas exhaustivas en la medida que ello sea posible, asegurando la disponibilidad de medicamentos cuando los pacientes ingresen a terapia intensiva, y de brindar atención médica sin importar la capacidad de pago de una persona.

  • Mejorar el suministro de equipo de protección personal, como cubrebocas, particularmente para los trabajadores del sector salud, así como camas de UCI y respiradores.

  • Movilizar a los profesionales de la salud, incluyendo estudiantes de Medicina y Enfermería en su último año de estudios, farmacéuticos y otros trabajadores sanitarios.

  • Desarrollar capacidades de laboratorio, logística y profesionales para aplicar pruebas y tratar a personas infectadas, al mismo tiempo que se rastrea a sus contactos cercanos.

  • Desplegar estrategias para fortalecer la infraestructura y capacidad de aislar a quienes están infectados y confinar en cuarentena a los contactos cercanos.

  • Proteger y apoyar a los trabajadores del sector salud, garantizando su seguridad y haciendo los arreglos necesarios para su hospedaje, cuidado familiar, transporte, así como apoyo psicológico y financiero.

  • Asegurar el acceso oportuno (por medio de producción nacional o compras al extranjero) de pruebas del virus para todos aquellos que sean sospechosos de haberlo contraído.

  • Desarrollar una estrategia para administrar las pruebas serológicas, cuando se encuentren disponibles, para evaluar el nivel de inmunidad en la población y los grupos clave de población como los profesionales del cuidado de la salud.

  • Asegurar el acceso oportuno y universal a las vacunas y tratamientos, cuando estén disponibles.

  • Establecer estrategias de salud mental para apoyar a quienes las requieran, tanto en la población en general como en los trabajadores del sector salud.

La crisis ha forzado a los gobiernos en la región a revisar sus niveles de inversión pública en salud (por ahora cercarnos al 4% de su PIB comparado con un promedio del 6.6% para los países miembro de la OCDE)18 y monitoreo de calidad en sus sistemas de salud. No obstante, en la mayoría de los países de ALC, los hogares cubren con recursos de su bolsillo una parte importante de su gasto total en salud (Mueller and Morgan, 2020[7]). A largo plazo, se requerirán nuevas estrategias para mejorar la resistencia de los sistemas de salud y su capacidad para reaccionar ante futuras crisis sanitarias. Entre ellas, continuar los avances hacia una cobertura universal de servicios de alta calidad, fortalecer la infraestructura de la información de salud, y mejorar la gobernanza y coordinación de las respuestas a los brotes.

El 31 de marzo, el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, declaró que la pandemia del COVID-19 impactará con mayor fuerza a las economías emergentes y subdesarrolladas, y recomendó que los gobiernos pusieran en marcha políticas sociales para proteger a sus poblaciones más vulnerables y asegurar que puedan cumplir con las recomendaciones públicas de salud.

En particular, la región de ALC enfrenta los siguientes desafíos sociales paralelamente y en conjunto con sus respuestas de política a esta crisis:19

  1. 1. Informalidad/falta de redes de seguridad universal: Los países con tasas de informalidad del 30% al 80%, como la mayoría de los que integran la región de ALC20, enfrentan retos particulares: 1) para los trabajadores informales o poco calificados, la reducción de horas y la pérdida de trabajo derivado de la pandemia significa pérdida de ingresos sin posibilidad de recibir beneficios por desempleo; 2) los trabajadores informales generalmente carecen de acceso a las medidas de la red de seguridad social oficial; y 3) el confinamiento implica la falta de trabajo y, por tanto, la falta de ingreso, generando un dilema de “trabajar o perder ingresos” (OECD Secretariat, 2018[8]; OECD et al., 2019[9]; Belser, 2020[10]). Muchos de ellos son trabajadores por cuenta propia, que laboran en la economía de subsistencia, viven al día y se encuentran en riesgo de caer en pobreza. Si bien la seguridad social en la región y la mayoría de los programas de asistencia social abarcan a dos tercios de los trabajadores (62%) y a sus familias, incluyendo la mayoría de los hogares en pobreza, el 65% de los trabajadores informales vulnerables no son beneficiarios de ninguna forma de protección social (Bonaglia and Nieto Parra, 2020[11]).

  2. 2. Percepciones de los ciudadanos: Si bien el público ha mostrado una gran solidaridad al enfrentar la pandemia del COVID, tan solo unos meses atrás muchos países en la región experimentaron una ola de manifestaciones masivas generadas por un profundo descontento social, aspiraciones frustradas de una “clase media” emergente y una vulnerabilidad persistente con el riesgo de caer en pobreza (Nieto-Parra, Pezzini and Vázquez, 2019[12]). La crisis podría exacerbar estos problemas.

  3. 3. Desigualdad: Conforme la crisis se hace más profunda y/o se extiende, habrá un aumento en la escasez y la competencia por los recursos con, por ejemplo, comunidades más ricas que quieran hacer uso de su derecho a pagar por un mejor tratamiento en hospitales privados. Esta misma parte de la población tiene la capacidad de practicar el distanciamiento social, obtener licencias por enfermedad, y/o seguir recibiendo un salario. No obstante, las poblaciones vulnerables enfrentan desafíos angustiosos al practicar el distanciamiento social, puesto que muchos de ellos no cuentan con seguro médico ni con apoyos por desempleo (Belser, 2020[10]).

  4. 4. Poblaciones vulnerables de indígenas y migrantes: Las poblaciones indígenas en países como Perú, Ecuador, Bolivia, y en menor medida México, son, en general, muy vulnerables a las pandemias. Tienen los niveles más altos de informalidad y una prevalencia muy alta de enfermedades como la hepatitis B, tuberculosis, malaria y dengue (Sierra Praeli, 2020[13]). La crisis del COVID-19 también impacta a América Latina en medio de la mayor crisis migratoria de su historia. Entre 2016 y 2019, casi 4.5 millones de venezolanos abandonaron el país; al mismo tiempo, miles de personas salieron de Guatemala, Honduras y El Salvador rumbo a México y los Estados Unidos, y desde Nicaragua hacia Costa Rica y Panamá. Los migrantes son especialmente afectados por las consecuencias económicas del virus, debido a que muchos de ellos viven en hogares y condiciones sanitarias precarias, y no cuentan con acceso a los servicios básicos o a la protección social.

Como se analizará con más detalle en la siguiente sección, todos los países han implementado medidas de estímulos económicos para apoyar tanto a empresas como a personas, y con frecuencia con un énfasis especial en las PYMES vulnerables. Sin embargo, el funcionamiento de muchas PYMES y personas en el sector informal complica aún más estas medidas enfocadas a alcanzar a los más vulnerables. Por ello, muchos gobiernos en ALC han implementado medidas sociales adicionales para complementar sus esfuerzos de recuperación económica y asegurar que el cumplimiento de las medidas de restricción en confinamiento sea posible para quienes tienen ingresos bajos y/o no pueden trabajar desde casa. Estas medidas usualmente incluyen la expansión temporal de las transferencias de efectivo y programas en especie existentes, así como transferencias adicionales para alcanzar a las personas vulnerables que no estén cubiertas por los programas existentes (Bonaglia and Nieto Parra, 2020[11]).

Aún más la región puede, por sí misma, convertirse en un parámetro de innovaciones y evaluaciones comparativas en este rubro. Dependiendo de la estructura del empleo formal e informal, por ejemplo, en términos de la participación de los trabajadores de bajos ingresos, los gobiernos pueden evaluar si brindan apoyo a sus ingresos o exenciones temporales de impuestos a la nómina o contribuciones sociales a los trabajadores formales cuyas horas se han reducido, con el fin de animar a los empleadores a mantenerlos en su nómina. Dichas medidas podrían ayudar a mantener algunas de las ganancias obtenidas de la formalización del empleo que se llevó a cabo en muchos países de la región en años anteriores. Al mismo tiempo, deben preverse solo si no implican una afectación al apoyo para los más vulnerables.

En la siguiente tabla se brinda un panorama general de las medidas actuales:

  • Fortalecer las redes de seguridad social para trabajadores no estandarizados.

  • Brindar apoyo al ingreso y prestaciones para familias de bajos ingresos a través de esquemas de seguridad social de carácter no contributivo o programas existentes de transferencia de efectivo.

  • En la medida que lo permita el margen fiscal, considerar pagos únicos a trabajadores afectados.

  • Revisar el contenido y/u oportunidad de las reformas que amplíen el acceso a beneficios de desempleo ya programados.

  • Ayudar a los trabajadores poco calificados o informales a permanecer en sus casas al suspender los desalojos y difiriendo las hipotecas y pagos de servicios.

  • Ampliar el acceso a prestaciones de desempleo para trabajadores poco calificados o no estandarizados.

  • En el futuro, los gobiernos deben acelerar los esfuerzos actuales hacia la expansión de los sistemas y cobertura de protección social. Aumentar la capacidad del estado permitirá que se brinde protección con más facilidad a las poblaciones más vulnerables y acelerar la respuesta ante futuras crisis. La crisis podría crear una relación directa entre el gobierno y la economía informal, facilitando un registro exhaustivo y el seguimiento gradual con programas de formalización.

  • Ofrecer opciones de guarderías públicas para padres que trabajan en servicios esenciales, tales como el cuidado de la salud, servicios públicos y servicios de emergencia.

  • Proporcionar acuerdos alternativos de servicio público.

  • Ofrecer apoyo financiero directo para trabajadores que necesiten tomar una licencia.

  • Brindar subsidios financieros a los empleadores que otorguen licencias pagadas a los trabajadores.

  • Promover arreglos de flexibilidad laboral en línea con las responsabilidades familiares de los trabajadores.

  • Abrir líneas específicas de asistencia para personas que sufran violencia intrafamiliar durante la crisis del COVID-19.

  • Introducir y mejorar las plataformas de aprendizaje digital existentes, como han hecho algunos países de la región.21

  • Complementar los espacios de aprendizaje digital con iniciativas de educación vía televisiva que desde hace muchos años han sido utilizados en los países de América Latina para apoyar la educación en lugares remotos.

  • Brindar apoyo a las familias para sustituir los almuerzos escolares.

  • Mantener a los maestros en una colaboración y conexión tan estrecha como sea posible con los alumnos y sus familias durante los periodos de confinamiento, buscando seguir con el plan de estudios fomentando el apoyo de los padres y hermanos en la medida que ello sea posible.

  • Prestar atención cercana para asegurar que la tecnología no amplíe aún más las desigualdades existentes en el acceso y la calidad del aprendizaje.

  • En la medida que ello sea posible, mantener un apoyo normativo ejemplar a los migrantes que muchos países latinoamericanos han tenido en solidaridad con los migrantes de la región.

  • Asegurar que los migrantes vulnerables tengan acceso al cuidado de salud básico y otro apoyo, y tomar medidas de precaución para evitar contagios masivos en áreas de confinamiento.

Hasta ahora, los efectos de la crisis del COVID-19 en la región de ALC se han concentrado en la esfera económica, debido a que las medidas de contención necesarias para combatir al COVID-19 han generado una crisis económica global sin precedentes, combinando efectos tanto en la oferta como en la demanda. Al igual que en todo el mundo, el impacto económico del COVID-19 para la región de ALC se da principalmente en dos aspectos. El primero es de naturaleza externa/generado por la demanda. América Latina depende en gran medida de la economía de China, y la región sentirá la crisis incluso más conforme aumenten los efectos del virus en la economía de Estados Unidos. La fuerte caída en la demanda global está afectando a las exportaciones, con un deterioro en los términos de comercio para muchos países. Además, el impacto en el sector turístico, que es un contribuyente importante en toda la región y que ha tenido que cerrar por completo debido a las restricciones internas y externas de viaje, será sustancial.

En el aspecto de la oferta, el segundo tipo de impacto surge de las estrictas medidas de contención local mencionadas anteriormente y que los gobiernos de ALC han impuesto en sus países. Las medidas de confinamiento, aunque diferentes en escala y alcance, están alentando o incluso frenando las actividades económicas en ciertos sectores, lo cual genera una reacción en cadena en otros sectores.

Además de esta situación general, específicamente la región de ALC está siendo impactada a través de diversos canales externos, incluyendo el mercado financiero, el comercio, la inversión, los productos básicos y el sector turístico.22

La crisis golpeó a una región que ya se encontraba en una situación difícil. En 2019, la región creció solo el 0.1% y las predicciones anteriores a la crisis del COVID-19 de la CEPAL y el FMI para 2020 se encontraban en el 1.3% y el 1.6%, respectivamente. Algunos de los países más grandes de la región han estado atravesando épocas difíciles: Argentina se contrajo en 2.4% en 2019, y Brasil, México y Chile crecieron solamente 0.9%, 0.1% y 1.1%, respectivamente.

Reconociendo esta situación, diversos observadores revisaron las perspectivas de crecimiento de la región, apuntando a una recesión probablemente más grave que la que se experimentó en 2015-2016: la CEPAL estima una recesión regional de -5.3% con diversos riesgos de pérdida y una caída en las exportaciones regionales del -14.8% (UN-ECLAC, 2020[1]). La Unidad de Inteligencia Económica ha emitido diversas cifras revisadas de crecimiento para Argentina (-6.7%), Brasil (-5.5%) y México (-6.5%), con enfoque en el invierno en el hemisferio sur que aumenta las predicciones de una epidemia difícil y prolongada para Sudamérica (Economist Intelligence Unit, 2020[14]). La desaceleración esperada en el crecimiento económico es, por tanto, sustancial en la región, aunque la escala de la desaceleración o el crecimiento negativo dependerá en gran medida de cómo termine la crisis y cuándo pueda comenzar a repuntar la recuperación (OECD Secretariat, 2020[15]).

Todos los países han implementado medidas de estímulos económicos para aliviar el impacto negativo provocado por la crisis y enfrentar la desaceleración económica general; estas medidas se enfocan a dar apoyo tanto a empresas como a personas en términos de su acceso a recursos financieros y la capacidad de cumplir con pagos durante esta crisis, tales como impuestos o servicios públicos.

Varios gobiernos han implementado políticas enfocadas a apoyar a PYMES vulnerables, incluyendo líneas de financiamiento específicas, préstamos con intereses bajos o cero intereses, pago de salarios a través de fondos públicos, aplazamiento de pagos de préstamos. Además, los países han tomado medidas para aligerar la carga financiera y de trámites en impuestos personales, servicios públicos, tarjeas de crédito, pagos de préstamos e hipotecas. El volumen de las medidas por país se muestra en la Figura 2 a continuación. Debido a que las medidas específicas empleadas por cada país dentro de estas categorías varían sustancialmente, el Anexo 2 brinda más detalles por país.

En el plano regional, los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) han actuado comparativamente con rapidez y en coordinación. Su plan de contingencia regional23 antes mencionado incluye 1.9 mil millones de dólares en fondos para la estabilización económica, con 1 mil millones de dólares destinados a un fondo de contingencia para los Bancos Centrales, 550 millones de dólares para un Fondo de Emergencia Fiscal, y 350 millones destinados a un fondo de liquidez de banca comercial. En términos de préstamos internacionales, el FMI está desplegando una capacidad de préstamo de 1 millón de millones de dólares y 14 países de Latinoamérica se han acercado para combatir la recesión derivada del COVID-19. Los paquetes financieros preparados por el Banco Mundial (disponibilidad de recursos para operaciones de entre 7 y 10 mil millones de dólares, el Banco Interamericano de Desarrollo (3.2 mil millones de dólares adicionales a la programación existente para el 2020, dando un total de 12 mil millones de dólares)24 y el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina (línea de crédito emergente de 2.5 mil millones de dólares)25 son respuestas muy oportunas y encomiables.

  • Políticas expansionistas fiscales y monetarias para evitar que la actual caída se convierta en una recesión prolongada.

  • En el tema fiscal, mientras que algunos países como Chile y Perú tienen un margen fiscal relativamente cómodo, muchos países podrían necesitar un endeudamiento. Los países que tienen reservas financieras existentes de exportaciones de petróleo o minerales deben reordenar sus prioridades de gasto y movilizar nuevos préstamos para enfrentar la crisis del COVID-19.

  • Se requieren medidas monetarias para brindar liquidez adecuadas en el sistema financiero, permitir a los bancos brindar apoyo a las empresas con problemas de flujo de efectivo, particularmente las PYMES, y asegurar que las empresas solventes en otras circunstancias no caigan en bancarrota mientras están vigentes las medidas de confinamiento.

  • Establecer facilidades financieras especializadas para ayudar a los pequeños negocios a abordar las consecuencias a corto plazo del brote del virus, incluyendo:

    • Exención fiscal temporal, tales como prórrogas para pago de impuestos, reducciones temporales de IVA y prórroga de cargos y contribuciones de seguridad social, que ayudan a mantener a los negocios a flote y conservar empleos.

    • Programas de préstamos específicos con mayor acceso a capital de trabajo a través de líneas de crédito o garantías estatales, préstamos a bajo costo o con cero interés, y prórroga de pagos de préstamos.

    • Apoyo financiero directo incluyendo pago de salarios a través de fondos públicos u otras medidas específicas para el sector terciario, particularmente afectado por las medidas de confinamiento (tales como restaurantes, hoteles, taxis y negocios locales).

  • Informar a las empresas de manera activa sobre cómo reducir las horas de trabajo, dando un respiro a los trabajadores, y gestionar las indemnizaciones por baja relativas a los despidos temporales y enfermedad.

  • Asegurar que las personas autoempleadas puedan acceder a las medidas de emergencia financiera, especialmente aquellas que no califican para un seguro de empleo.

  • Introducir medidas de mediación relativas a las compas y retrasos de pago.

  • Considerar medidas de apoyo más orientadas al futuro para fortalecer la resistencia de los negocios, por ejemplo, programas de capacitación o mentoreo para ayudar a las PYMES a evaluar y gestionar el impacto financiero de la crisis, entrar al ámbito digital o encontrar nuevos mercados.

  • Asegurar un diálogo tripartito inclusivo para que los dueños de pequeños negocios y las organizaciones sindicales puedan expresar sus preocupaciones y prioridades cuando se contemplan reformas a las políticas públicas.

La crisis por el COVID-19 está probando también a los gobiernos democráticos de la región que son relativamente jóvenes y aún en consolidación, los cuales ya estaban atravesando un periodo de retos marcado por una ola de protestas masivas desde finales del 2019 a inicios del 2020, motivadas por un profundo descontento social, aspiraciones frustradas, vulnerabilidad persistente y pobreza en aumento.26 Los gobiernos de ALC, cuya credibilidad ya ha sido fuertemente criticada después de una serie de escándalos de corrupción en relación con la Cumbre de las Américas 2018, ahora enfrentan también nuevos desafíos al gestionar los aspectos operativos y de comunicación de la crisis de una forma coordinada en todos los niveles de gobierno, incluido el subnacional.

Las sesiones virtuales del congreso, las reuniones del gabinete ministerial y las operaciones cotidianas de las instituciones son ahora una práctica generalizada. Las capacidades del gobierno digital, así como la infraestructura necesaria, serán más importantes que antes para sustentar y superar la crisis económica, social y de salud derivada del COVID-19.

Las medidas extraordinarias enfocadas a la protección de los ciudadanos, tales como la restricción al acceso a la información pública y el rastreo de aplicaciones – considerado normal en tiempos de crisis – podrían poner en peligro las libertades civiles y el espacio cívico a largo plazo. Los mecanismos de control y rendición de cuentas son necesarios para garantizar que las medidas extraordinarias se levanten una vez que la amenaza inmediata termine y que los gobiernos rindan cuentas por las acciones tomadas durante la crisis.

Existe un riesgo real en algunos países de que las medidas de confinamiento pueden exacerbar el descontento social y aumentar la criminalidad. Además, como el Estado no es capaz de contener la propagación del virus en las instalaciones penitenciarias sobrepobladas, el temor de ser infectado se ha extendido en las prisiones en toda la región, generando motines y la fuga de cientos de reos, especialmente en Brasil y Venezuela.

Asegurar el acceso continuo a la justicia – incluyendo los grupos más afectados por la crisis, tales como las pequeñas y medianas empresas en desventaja – requerirá una coordinación significativa y esfuerzos conjuntos de prestación de servicios en todos los sectores, niveles y poderes de gobierno, incluso cuando los recursos escaseen. El aumento en el riesgo de violencia doméstica y en las calles pone cada vez más presión sobre los sistemas de justicia para que propongan formas innovadoras, transparentes y efectivas para responder a las necesidades de las víctimas de violencia (especialmente mujeres y niños) y reforzar las medidas de confinamiento.

Los gobiernos tendrán que cambiar las políticas y servicios públicos para responder a las necesidades derivadas del COVID-19 posterior a éste. Ahora más que nunca es de suma relevancia contar con coherencia política ya que la crisis actual ha acentuado el valor de la transformación digital de los sectores públicos y gobiernos para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos y las operaciones gubernamentales. Para que las políticas posteriores a la crisis y los paquetes de servicios públicos sean inclusivos y respondan a las necesidades reales de las personas, los países de ALC requieren poner en marcha mecanismos de participación para crear un ciclo virtuoso de retroalimentación, sacar provecho de la inteligencia colectiva y responder a las necesidades de la mayoría silenciosa.

El fortalecimiento de la integridad y el combate a la corrupción serán clave ya que los flujos de ayuda financiera y técnica serán entregados con prontitud para enfrentar la crisis del COVID-19. El riesgo de las prácticas de corrupción es mayor que antes debido a que los individuos o grupos querrán aprovechar la situación en un momento en que los actores estatales están enfocados en brindar asistencia de emergencia. Es crítico para los países asegurar un rol fundamental de datos abiertos gubernamentales (DAG) en la pandemia no solo para manejar la crisis, sino también en relación con el equilibrio de la velocidad en la asignación de presupuesto con la necesidad de transparencia e integridad.

  • Fortalecer las comunicaciones públicas y la transparencia para la confianza y la credibilidad en la toma de decisiones públicas como parte del manejo de la crisis. Los gobiernos en ALC pueden reforzar la legitimidad y el cumplimiento durante y después de la crisis de COVID-19 al promover la divulgación de datos e información proactiva y reactiva, así como su reuso, y al combatir la desinformación.

  • Aumentar las capacidades de los gobiernos para funcionar en la modalidad de teletrabajo y mejorar las medidas de conectividad, portabilidad de estaciones de trabajo y capacidades de gobierno digital. La rendición de cuentas horizontal, los contrapesos y salvaguardias son esenciales al enfrentar medidas extraordinarias. Los parlamentos, sistemas judiciales e instituciones independientes tendrán también que escalar sus capacidades de trabajo digital y remoto.

  • Administrar e imponer confinamientos y otras restricciones al movimiento de forma justa y transparente, en colaboración con las comunidades, mientras se fortalecen las medidas para prevenir y proteger a las personas de la violencia intrafamiliar y en la calle, a través de un mayor monitoreo y aumento en la inversión en sistemas de denuncia telefónica y en línea.

  • Las autoridades gubernamentales y los sistemas judiciales requieren desarrollar maneras innovadoras, transparentes y efectivas para hacer cumplir las medidas de confinamiento y responder a las necesidades de las víctimas de violencia intrafamiliar y en la calle (especialmente mujeres y niños).

  • Asegurar altos estándares de integridad y transparencia, así como medidas de control adecuadas en el manejo de fondos y políticas extraordinarias implementados como resultado de esta crisis. Las iniciativas existentes en ALC que utilizan datos de gobierno abierto e innovación en las compras públicas, por ejemplo, podrían expandirse al manejor de los fondos relacionados con el manejo del COVID-19.

  • Durante y después de la crisis por el COVID-19, generar oportunidades para los ciudadanos y los actores interesados para sumarse en los esfuerzos por crear confianza, mejorar la calidad y equidad en las políticas y servicios, y fortalecer la cohesión social. Los países de ALC pueden beneficiarse de su participación al afrontar las áreas críticas de política relacionadas con el COVID-19 tales como las respuestas a las urgencias de salud, políticas fiscales y redistributivas, así como los servicios públicos esenciales (vivienda, agua, electricidad y acceso a internet) para mejorar la inclusión, la eficiencia y el cumplimiento.

  • Los gobiernos tendrán que desarrollar políticas y servicios públicos para responder a las preocupaciones específicas posteriores al COVID-19. Con la finalidad de que los paquetes de servicios públicos y políticas posteriores a la crisis sean inclusivos y respondan a las necesidades de los ciudadanos, los países de ALC deben poner en marcha mecanismos de participación que ayuden a crear un círculo virtuoso de retroalimentación, sacar provecho de la inteligencia colectiva y responder a las necesidades de la mayoría silenciosa

  • La resistencia de la prestación de servicios públicos depende del grado en que los gobiernos adopten un enfoque “digital por diseño” – aquellos que han adoptado estrategias intergubernamentales y facilitadores para el diseño y la prestación de servicios omnicanal estarán mejor equipados para asegurar la continuidad de la prestación consistente de servicios durante los periodos de confinamiento. Por tanto, los gobiernos de ALC deben dar prioridad a la inversión en modelos de diseño y prestación de servicios públicos inclusivos, ágiles, resilientes y sólidos.

  • Para garantizar que la región salga de la crisis con una confianza pública fortalecida los gobiernos deben tener cuidado de evitar lagunas de política que permitan el fraude, la corrupción, la desviación de fondos o el uso inadecuado de transferencias directas.

Referencias

[6] Bárcena, A. (2020), Hora Cero: Nuestra región de cara a la pandemia, UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), https://www.cepal.org/es/articulos/2020-hora-cero-nuestra-region-cara-la-pandemia (accessed on 22 April 2020).

[10] Belser, P. (2020), COVID-19 cruelly highlights inequalities and threatens to deepen them, International Labour Organisation (ILO), http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740101/lang--en/index.htm (accessed on 22 April 2020).

[11] Bonaglia, F. and S. Nieto Parra (2020), Latin America and the Caribbean in the time of COVID-19: Preventing the vulnerable from falling behind, Development Matters, https://oecd-development-matters.org/2020/03/31/latin-america-and-the-caribbean-in-the-time-of-covid-19-preventing-the-vulnerable-from-falling-behind/ (accessed on 22 April 2020).

[14] Economist Intelligence Unit (2020), COVID-19 to send almost all G20 countries into a recession, The Economist, https://www.eiu.com/n/covid-19-to-send-almost-all-g20-countries-into-a-recession (accessed on 22 April 2020).

[3] Hausmann, R. (2020), Flattening the COVID-19 Curve in Developing Countries, World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2020/03/flattening-the-covid-19-curve-in-developing-countries/ (accessed on 22 April 2020).

[2] Horwitz, L. et al. (2020), Where Is the Coronavirus in Latin America?, AS/COA - Americas Society Council of the Americas, https://www.as-coa.org/articles/where-coronavirus-latin-america (accessed on 22 April 2020).

[7] Mueller, M. and D. Morgan (2020), Public funding of health care, OECD, Paris, https://www.oecd.org/health/Public-funding-of-health-care-Brief-2020.pdf (accessed on 22 April 2020).

[12] Nieto-Parra, S., M. Pezzini and J. Vázquez (2019), Social discontent in Latin America through the lens of development traps, OECD Development Matters, https://oecd-development-matters.org/2019/12/23/social-discontent-in-latin-america-through-the-lens-of-development-traps/ (accessed on 22 April 2020).

[4] OECD (2020), Hospital beds (indicator), https://dx.doi.org/10.1787/0191328e-en (accessed on 22 April 2020).

[15] OECD Secretariat (2020), COVID-19 in Latin America and the Caribbean: Regional socio-economic implications and policy priorities, OECD, https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129904-k3xp17fqbl&title=COVID-19-in-Latin-America-and-the-Caribbean-Regional-socio-economic-implications-and-policy-priorities (accessed on 22 April 2020).

[8] OECD Secretariat (2018), LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN COMPETITION FORUM - Session I: Informal Economy in Latin America and the Caribbean: Implications for Competition Policy, OECD, https://www.oecd.org/daf/competition/44547855.pdf. (accessed on 22 April 2020).

[9] OECD et al. (2019), Latin American Economic Outlook 2019 : Development in Transition, OECD Publishing, Paris.

[5] PAHO/WHO (n.d.), EquiLAC II Project, https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=2674:2010-equilac-ii-project&Itemid=2080&lang=en (accessed on 22 April 2020).

[13] Sierra Praeli, Y. (2020), “Pueblos indígenas: los más vulnerables frente el avance del coronavirus en América Latina”, El Deber, https://eldeber.com.bo/169684_pueblos-indigenas-los-mas-vulnerables-frente-el-avance-del-coronavirus-en-america-latina (accessed on 22 April 2020).

[1] UN-ECLAC (2020), Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (UN ECLAC), https://www.cepal.org/es/publicaciones/45445-dimensionar-efectos-covid-19-pensar-la-reactivacion (accessed on 23 April 2020).

[16] Werner, A. (2020), Economic Policy in Latin America and the Caribbean in the Time of COVID-19, IMF Blog, https://blogs.imf.org/2020/04/16/economic-policy-in-latin-america-and-the-caribbean-in-the-time-of-covid-19/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery (accessed on 23 April 2020).

Contacto

Andreas SCHAAL (✉ Andreas.SCHAAL@oecd.org)

Jose Antonio ARDAVIN (✉ Jose-Antonio.ARDAVIN@oecd.org)

Notas

← 1. Basado en las cifras nacionales oficiales obtenidas por el Secretariado de la OCDE, al 3 de mayo de 2020.

← 2. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

← 3. Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú. Brasil, México, Panamá, Uruguay han implementado cierres parciales de fronteras, tales como la restricción de vuelos internacionales.

← 4. Chile, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.

← 5. Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Perú.

← 6. Más información disponible en (OECD Secretariat, 2020[15]).

← 7. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Perú. Los países en Nivel 3 (concentraciones de casos) incluyen a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Uruguay. Ver https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19 para obtener más información.

← 9. Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú. El resto de los países (Brasil, México, Panamá, Uruguay) han implementado cierres parciales de fronteras, tales como restricciones a vuelos internacionales.

← 10. Chile, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.

← 11. Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Perú.

← 12. Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

← 13. El Plan puede consultarse en línea en https://www.sica.int/download/?121512.

← 14. Se puede acceder al sitio web en https://www.sica.int/coronavirus.

← 15. El Plan puede consultarse en línea en https://www.sica.int/download/?121512.

← 16. Los fondos provienen de un “Fondo para la Convergencia Estructural” (FOCEM) existente en el bloque, y se destinaron originalmente a “Investigación, Educación y Biotecnología aplicada a la Salud”. Para obtener más información (en español) consulte https://www.infobae.com/politica/2020/04/05/el-mercosur-aprobo-un-fondo-de-emergencia-para-combatir-al-coronavirus-y-llegaran-45000-dispositivos-de-testeo-a-la-argentina/.

← 17. Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. Puede accederse a la plataforma digital en https://www.segib.org/la-red-de-autoridades-en-medicamentos-de-iberoamerica-crea-una-web-con-informacion-cientifico-tecnica-util-para-combatir-el-covid-19-en-la-region/.

← 19. Más información disponible en (OECD Secretariat, 2020[16]).

← 20. (OECD Secretariat, 2018[8]); (OECD et al., 2019), Perspectiva Económica de América Latina https://www.oecd.org/dev/latin-american-economic-outlook-20725140.htm

← 21. Por ejemplo, ver Aprendo en Línea de Chile (https://t.co/xppOJgel4K?amp=1), Colombia Aprende (https://t.co/R729LODDuS?amp=1), y Aprendo en Casa de Perú (https://t.co/MOtSlG2AYS?amp=1).

← 22. Más información disponible en (OECD Secretariat, 2020[15]).

← 23. El Plan puede consultarse en línea en https://www.sica.int/download/?121512.

← 26. Para obtener más información, consulte (Nieto-Parra, Pezzini and Vázquez, 2019[12]).

El presente trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de los países miembros de la OCDE.

Tanto este documento, como cualquier dato y cualquier mapa que se incluya en él, se entenderán sin perjuicio alguno respecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de fronteras y límites internacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o área.

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