La Reforma de la Administración Pública Española

 

Palabras Introductorias sobre la Reforma de la Administración Pública Española, Angel Gurría Secretario General de la OCDE

Madrid, España, 15 Julio 2013

 

Señora Vicepresidenta del Gobierno,

Señor Presidente del Senado,

Amigos todos,

 

Es un gran placer encontrarme hoy con todos ustedes en el Palacio del Senado en este seminario sobre las mejores Prácticas Internacionales para la Reforma Administrativa. Quiero agradecer al Gobierno de España, a su Presidente Mariano Rajoy, y a su Vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la invitación a la OCDE para acompañar el proceso de reforma en esta materia.

Durante la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, la Vicepresidenta compartió con nosotros  los objetivos relacionados con la creación de la Comisión para la Reforma de la Administración (la CORA) y entendimos la importancia estratégica de esta iniciativa y su apoyo al más alto nivel. La CORA ha producido un Informe completo y exhaustivo. Ahora  comienza la parte más delicada: su puesta en práctica.

Este seminario es muy oportuno. Estamos convencidos de que una iniciativa de esta envergadura puede y debe enriquecerse a través del conocimiento y de la experiencia de otros países: viendo qué ha funcionado y qué no, y por qué. Agradecemos su participación a los representantes de los gobiernos de Alemania, Canadá, Francia, Irlanda, el Reino Unido y la República Checa.

La reforma administrativa es un proceso multidimensional y complejo que requiere buenas estrategias, continuidad y liderazgo. Debido a su alcance y amplitud, afecta aspectos concretos y palpables de todos los ámbitos de la realidad administrativa. A fin de cuentas, se trata de dotar al Estado de las herramientas necesarias para  avanzar el cambio estructural  que apuntala una economía más sólida y sostenible, y una sociedad más justa e incluyente.

Permítanme compartir con ustedes tres ideas que son, a mi juicio, fundamentales para abordar con éxito el camino de reforma administrativa: la calidad de las instituciones; la necesidad de ser incluyentes; y la importancia de alinear objetivos de corto y largo plazo.

 

El factor institucional: mejoremos el funcionamiento del gobierno

La crisis ha dejado numerosas lecciones que es preciso aprender. Sus causas profundas incluyen importantes debilidades de las estructuras de gobernanza y de regulación, que condujeron con frecuencia a errores de juicio en la toma de decisiones, a déficits de implementación y a una descoordinación de las respuestas.

Desde la OCDE hemos destacado el papel de las administraciones públicas como actores clave para mejorar el funcionamiento de la economía, lograr mayor bienestar y recuperar la credibilidad y confianza de la ciudadanía. Me gustaría señalar cuatro imperativos:

  1. La búsqueda de un estado estratégico  capaz de anticipar y resolver los retos económicos y los de una sociedad en mutación. La OCDE reúne anualmente a los responsables de los llamados “Centros de Gobierno” de nuestros países, que han confirmado en sus reuniones este imperativo estratégico.

  2. Mejorar la prestación de servicios públicos. La accesibilidad, la calidad de los servicios públicos y el uso de las nuevas tecnologías son esenciales para un crecimiento inclusivo. España ha recorrido ya un largo trecho en esta dirección y tiene experiencias que se cuentan como mejores prácticas internacionales. Hay que seguir en esta dirección, reforzando lo conseguido y asumiendo nuevos retos.

  3. La creación de marcos regulatorios consistentes y efectivos que favorezcan la competitividad en lugar de producir obstáculos al crecimiento y a la iniciativa privada. No sólo es preciso producir regulaciones adecuadas, es necesario también que se cumplan. Hoy más que nunca asegurar el imperio de la ley es la primera responsabilidad de los gobiernos. Por cierto, me complace que las recomendaciones de nuestro informe sobre Mejora Regulatoria en España estén entre las medidas que los miembros de la CORA señalaron para ponerse en práctica.

  4. Promover gobiernos abiertos, íntegros y responsables. El nivel de exigencia ciudadana en materia de transparencia, responsabilidad y buen uso de los recursos, lucha contra la corrupción y rendición de cuentas de los servidores públicos es mayor que nunca. Está bien que así sea, porque los servidores públicos se deben a los ciudadanos. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que se discute actualmente es una iniciativa necesaria que va en la buena dirección. Deseamos que pase a ser una referencia dentro del ámbito de la OCDE.

Es preciso, pues, saludar la prioridad que el Gobierno de España ha otorgado al paquete de reformas dirigidas a mejorar la eficacia y la gestión de las instituciones, incluyendo el importantísimo elemento de la implementación, para lo cual la CORA ha creado una oficina de seguimiento. La vinculación de los ciudadanos a través de un buzón de consultas y la colaboración con el sector privado y con los sindicatos es también un aspecto clave de la estrategia de reforma.

 

Estrategia global y esfuerzo incluyente

Dado que  la reforma de la administración es multidimensional y toca todas las demás reformas emprendidas por el gobierno, necesita una visión integrada que articule los diferentes puntos de vista. Los objetivos de la reforma afectan a todos los niveles de gobierno, y así debe ser. Nos parece, pues, fundamental involucrar efectivamente a todas las administraciones públicas, así como a los agentes sociales e interlocutores de la sociedad civil y nos alegramos de la participación de todos ellos en el seminario de hoy.  Como el Presidente del Gobierno ha destacado, ésta debe ser una reforma de todos y para todos, y el diálogo debe ser un rasgo característico de su estrategia de implementación.

Desde la OCDE hacemos un llamamiento al “Go Institutional”, pero también decimos “Go Social”, subrayando la necesidad de poner al ciudadano, a las personas, en el centro de nuestras políticas. La crisis económica ha afectado de manera brutal la confianza en las instituciones. El programa de reformas que España ha emprendido es también una respuesta a esta inquietud y no debe escatimar esfuerzos en integrar al ciudadano no sólo como destinatario de la reforma, sino también como actor e incluso como activista de la misma.

 

Consolidación fiscal y objetivos a largo plazo

Por último, no podemos dejar de lado que la reforma tiene también una implicación inmediata en el corto plazo, alineada con las necesidades de consolidación fiscal. Según datos del Gobierno, la reforma podría generar de aquí a 2015 un ahorro de unos 6,500 millones a las administraciones públicas.

La consolidación fiscal ha sido prioritaria en muchos países OCDE durante los últimos años. Éste ha sido también el caso de España. Coincidimos con este enfoque. Sin embargo, debe conciliarse, por una parte, con medidas favorables al crecimiento; y, por otra, con políticas que no traten simplemente de reducir el gasto para ajustarlo a los ingresos, sino que lo hagan más eficiente. Lo que se ha dado en llamar “consolidación fiscal amigable con el crecimiento.”

La experiencia de numerosos países muestra que las reglas fiscales han sido efectivas, no sólo para limitar el déficit y la deuda, sino también para asegurar enfoques más prudentes en las grandes decisiones de gasto e inversión en los diferentes niveles de gobierno. España ha avanzado en esta vía a través de la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyos resultados ya son visibles.

Pero los esfuerzos de consolidación, difíciles y necesarios, deben incorporar una visión de largo alcance y asegurar su sostenibilidad futura. Por ejemplo, las tendencias demográficas de países como España nos muestran que muchos empleados públicos van a jubilarse en los próximos años. Esto puede suponer un ahorro a corto plazo si sólo se reemplazan parcialmente. Sin embargo, es preciso articular mecanismos a medio y largo plazo para asegurar que la administración disponga de las competencias, el talento y el capital humano necesarios para responder a los retos del futuro.

La OCDE ha acumulado una gran experiencia y conocimiento práctico de estos procesos en países como Francia, Finlandia, Irlanda o Italia, que enfrentan retos parecidos. También estamos trabajando estrechamente con Portugal en este aspecto. Son experiencias todas ellas que podrán enriquecer el proceso español.

Señoras y señores,

España cuenta con una tradición administrativa sólida y una función pública de gran calidad técnica que ha desempeñado un papel clave en el desarrollo socio-económico del país. La profunda descentralización derivada del modelo autonómico ha contribuido al mayor equilibrio económico entre los distintos territorios de España, igualando las oportunidades de sus ciudadanos. Sin embargo, en este momento difícil es necesario un nuevo impulso de reforma, que garantice la coherencia del sistema y que haga de  las administraciones públicas auténticos motores del crecimiento.

Pueden contar con la OCDE en este empeño. Las reformas estructurales que España está efectuando con determinación requieren una sólida base institucional que las administraciones deben garantizar. Sólo construyendo instituciones sólidas seremos capaces de afrontar los retos de nuestra economía y dar respuesta a las demandas que nuestros ciudadanos legítimamente reclaman. En eso consiste el trabajo cotidiano de la OCDE, basado en el conocimiento y la experiencia de nuestros 34 países miembros y de muchos otros gobiernos del mundo.

Señora vicepresidenta, señores y señoras, este capital de conocimiento y experiencia está a su disposición en el proceso que han iniciado y al que auguramos el mayor éxito.

 

Muchas gracias por su atención.

 

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