Mexico

Presentación del Estudio Económico de México 2015

 

Palabras de Ángel Gurría, OCDE Secretario General, Presentación del Estudio Económico de México 2015 

 

8 de enero de 2014, México DF
(As prepared for delivery)



Secretario Videgaray, Señoras y Señores,


Es un placer estar aquí para presentar el Estudio Económico de México 2015. Este informe es el producto y el reflejo de una excelente colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la OCDE.


Esta edición es particularmente importante porque, además de hacer un análisis del desempeño económico de México, el informe introduce dos elementos innovadores: una serie de estimaciones sobre el posible impacto económico de las reformas y un conjunto de recomendaciones para transformar dichas reformas en crecimiento incluyente, una de las prioridades más altas del Gobierno del Presidente Peña Nieto.


Permítanme compartir algunas de las reflexiones y recomendaciones de este informe.


El potencial de las reformas


Quiero abrir con un reconocimiento al Gobierno de México por haber impulsado el paquete de reformas estructurales más extenso y ambicioso que hemos registrado en tiempos recientes. Después de muchos años de parálisis reformadora, en tan sólo dos años México se convirtió en el país con la actividad de reformas más alta de los 34 países de la OCDE.


Cada dos años, la OCDE hace recomendaciones sobre las cinco reformas más importantes para el desarrollo de cada país: durante 2013 y 2014, México registró avances importantes en el 58% de las recomendaciones de reforma de la OCDE, más que ningún otro país de nuestra Organización.


Estas reformas que México ha logrado promover y aprobar, gracias en gran medida a la ingeniería política del Pacto por México, de ser implementadas correctamente, podrían incrementar el crecimiento económico de México en un punto porcentual adicional cada año durante los próximos diez años. Esto es un aumento de dinamismo económico considerable.



Nuestras estimaciones también proyectan que la implementación adecuada de las reformas podría incrementar el nivel de la productividad total de factores en ½ punto porcentual anual de aquí a 2018.


El estudio también destaca que muchas de estas reformas podrían ampliar la capacidad de México para combatir las desigualdades. Por ejemplo, la reforma fiscal promovida por la actual administración incrementará los ingresos del gobierno del 19.6 al 24% del PIB entre 2014 y 2018; esto contribuirá a reducir los índices de desigualdad, ya que más de la mitad de este incremento vendrá del aumento de los impuestos al 10% más rico de la población mexicana. 



Otro ejemplo sería el incremento de la competencia que puede tener lugar a raíz de las reformas, ya que en México cerca del 30% del gasto familiar ocurre en sectores con bajos niveles de competencia, sectores en los que las familias más pobres gastan cerca del 40% de sus ingresos.


Pero el estudio también destaca que este enorme potencial de mejoramiento podrá dar resultados únicamente si se lleva a cabo una implementación cabal, efectiva y oportuna de las reformas, y si se lleva a cabo un seguimiento riguroso de su aplicación. Ahí está la clave, en la calidad de la implementación.


La clave está en la implementación


México se tiene que asegurar de que el enorme potencial de esta batería de reformas no se diluya en el proceso de reglamentación y de implementación. Para ello va a ser necesario promover una segunda ola de reformas para fortalecer el estado de derecho, modernizar las instituciones de justicia, mejorar la capacidad administrativa y regulatoria de todos los niveles de gobierno (pero sobre todo en los gobiernos locales), reducir la informalidad y combatir la corrupción.


Como refleja el Informe, México tiene el apego más bajo de la OCDE al estado de derecho. Entre los países que evaluamos, incluyendo algunas economías emergentes, México está al mismo nivel que Rusia, y solamente Bolivia y Venezuela están por debajo de México en apego a la ley.



Nuestro país también figura en el nivel más alto de percepción de corrupción de instituciones públicas entre los países de la OCDE y algunas economías emergentes. Y también el nivel más alto de informalidad, con cerca de 60% de los trabajadores mexicanos empleados de manera informal y la mayoría de las PYMES operando en la informalidad.


Estos factores dificultan la aplicación y disminuyen el impacto de las reformas. Al mismo tiempo que afectan la productividad, la competitividad y el desempeño económico del país. Los procedimientos judiciales de baja calidad hacen que la aplicación de los contratos y los procesos de insolvencia sean problemáticos, bajando el tamaño promedio y la intensidad de capital de las empresas.


Asimismo, estudios recientes de la OCDE demuestran que el nivel de corrupción del sector público estatal está directamente vinculado al tamaño del sector informal, el cual tienen un efecto muy negativo en la productividad.



Por ello es muy importante que México promueva reformas y políticas que permitan mejorar la calidad y eficiencia de los tribunales, por medio de: una mejor capacitación del personal; rigurosas evaluaciones de desempeño; y mayor claridad y transparencia en los procedimientos administrativos.



También se requiere profesionalizar y mejorar la coordinación de las fuerzas policiales en todos sus niveles, y fortalecer el combate a la corrupción a través de una nueva autoridad anti-corrupción que sea responsable de la prevención, investigación y aplicación de sanciones.


Pero además de estas nuevas medidas tan necesarias para enfrentar los desafíos y los cuellos de botella, para mejorar la productividad y facilitar la implementación de las reformas, nuestro informe propone enfocar todos estos esfuerzos en la promoción de la inclusión y la reducción de las desigualdades, uno de los desafíos más grandes de México.


La mira debe estar en la inclusión


El estudio destaca la importancia de aprovechar y potenciar la capacidad de las reformas para promover la inclusión, proponiendo una serie de políticas clave para enfrentar este desafío. Y es que las desigualdades se han convertido en un lastre para el desarrollo del país. A pesar de los importantes avances en la reducción de la pobreza extrema, México sigue enfrentando retos enormes en materia de pobreza y desigualdad.



De acuerdo con estudios de CONEVAL, cerca del 80% de la población mexicana vive en condiciones de pobreza y vulnerabilidad (ya sea por carencias sociales o por ingresos). Los análisis de la OCDE revelan que la diferencia entre los salarios del 10% más rico de la población y el 10% más pobre es de 31 veces (en contraste con un promedio de la OCDE de 10 veces).   


Las desigualdades son el caldo de cultivo ideal para la corrupción y el crimen organizado. Los recientes dramáticos acontecimientos en el estado de Guerrero y los niveles de inseguridad y tensión social que vive el país están muy relacionados con las grandes disparidades sociales.


Pero además las desigualdades tienen implicaciones económicas importantes. Un nuevo estudio de la OCDE revela que las desigualdades le restaron a México cerca de 10 puntos porcentuales de crecimiento entre 1990 y 2010.


Por estas razones es fundamental orientar la implementación de las reformas de los pasados dos años y la creación de nuevas reformas a promover el crecimiento incluyente y a fortalecer el sistema nacional de seguridad social. El estudio propone medidas para fortalecer la inclusión en áreas como seguridad social, mercado de trabajo, educación, salud y urbanismo.


Entre otras acciones se destaca la necesidad de aprobar la legislación para crear el seguro de desempleo y el sistema universal de pensiones; implementar cabalmente el programa Prospera para fortalecer las capacidades de los mexicanos con bajos ingresos; mejorar los servicios de cuidado infantil para promover la participación económica de las mujeres; y promover un debate nacional sobre el incremento del salario mínimo.



Así como mejorar la calidad, equidad y la eficiencia de la educación; la coordinación entre instituciones de salud, y entre instituciones de seguridad social y de recolección de impuestos; y la política de urbanización pata tomar en cuenta el impacto de la construcción de vivienda en el bienestar de la gente. En prácticamente todos estos campos, la OCDE está acompañando los esfuerzos del Gobierno de México. ¡Y queremos ayudar más!


Señor Secretario Videgaray, Señoras y Señores:

Las reformas que ha promovido el Gobierno de México tendrán beneficios muy grandes para todos los mexicanos si se implementan con rigor; si se confronta a los poderes fácticos; si se da un seguimiento puntual a su aplicación; y, sobre todo, si se fortalece el estado de derecho y se mejoran las capacidades de los gobiernos locales.


La OCDE reconoce el esfuerzo del Gobierno de México por avanzar rápidamente en todos estos campos. Les entrego este informe como testimonio de este esfuerzo y les confirmo el apoyo y entusiasmo de todos los funcionarios de la OCDE para seguir ayudando a México a promover un crecimiento incluyente y sustentable, para que todos los mexicanos pueden desarrollar al máximo su potencial, y para que la posibilidad de un hecho como el de Iguala desaparezca para siempre de este país. ¡Cuenten con nuestro apoyo!

 

Muchas gracias!