Economic surveys and country surveillance

Restaurar la Confianza para volver a crear crecimiento empleo

 

Palabras de Angel Gurría, Secretario General OCDE

Madrid, 29 de noviembre de 2012

(Versión para su distribución)


Estimado Ministro, Señoras y Señores:

Es un placer presentarles nuestro último informe sobre España, que analiza la situación económica e incluye nuestras principales recomendaciones desde la OCDE para restaurar la confianza, generar crecimiento y crear empleo. El estudio aborda en detalle tres cuestiones clave para el futuro inmediato de la economía española: cómo abordar la crisis bancaria, cómo promover la consolidación fiscal, y cómo reducir el desempleo, particularmente entre los jóvenes.

Ante todo, permítanme agradecer al Ministro de Guindos y a su equipo todo el apoyo que han dado a nuestro trabajo durante el proceso de elaboración del informe.

España se halla en recesión, pero tiene los medios para salir de ella


La economía española viene sufriendo una prolongada recesión, pero me gustaría dejar muy claro que se están tomando las medidas necesarias y que desde la OCDE confiamos en una paulatina salida de la crisis. Si bien es cierto que la actividad está tardando más de lo esperado en recuperarse, no lo es menos que ello se debe en gran parte a un contexto económico global y europeo adverso. Los resultados de las importantes reformas llevadas a cabo se irán viendo de manera gradual, y en algunos casos antes de lo esperado.

Como saben, hace dos días presentamos en París nuestras Perspectivas actualizadas para los países de la OCDE y las principales economías emergentes. El panorama ha empeorado desde mayo, y hacemos especial hincapié en la necesidad de resolver los problemas de la eurozona  para evitar un mayor deterioro. La situación de la deuda soberana y de los bancos europeos es el principal riesgo de la economía internacional.

Estimamos que el crecimiento del PIB en la zona OCDE se situará en torno al 1.4% en 2012 y 2013, y en el 2.3% en 2014. Esto contrasta con nuestros datos para la zona euro (contracción del -0.4% y del -0.1% en 2012 y 2013, respectivamente, y crecimiento del 1.3% en 2014) y para España (donde vemos una contracción del PIB del -1.3% en 2012, -1.4% en 2013, y crecimiento del 0.5% en 2014).

Obviamente, los problemas de España están íntimamente ligados a los de la zona euro, y la solución a los desafíos españoles pasa por la capacidad de acción en Bruselas, Frankfurt y las principales capitales del continente. Cuestiones como el estallido de la burbuja inmobiliaria y la situación del mercado laboral, por ejemplo, se han visto agravados por la crisis en la eurozona. Muchas de las decisiones que se han tomado en la Unión, tanto en el tema bancario como en el avance de las instituciones europeas tienen que ser implementadas y activadas sin el menor retraso.

La perspectiva de una pronta recuperación en España es compleja dado que el proceso de desapalancamiento continúa. El esfuerzo de los hogares, las empresas y los bancos por reducir su deuda sigue acarreado una contracción de la demanda interna que redunda en la desaceleración de la actividad y la destrucción de empleo, lo cual dificulta al mismo tiempo los esfuerzos por reducir el déficit público.

Sin embargo, también hay signos positivos. Según nuestras previsiones, el déficit por cuenta corriente descenderá al 2% del PIB en 2012, en comparación con el 10% de hace unos años. Y esto no sólo se debe a la caída de la demanda, sino a que los exportadores españoles han venido afianzando su competitividad y ganando cuota de mercado. Esto es una clara muestra de que la apuesta por la competitividad rinde frutos en una economía global.

El gobierno está también aprobando y ejecutando un valiente programa de reformas estructurales que, lejos de ser una opción, eran una necesidad. Pero estas reformas únicamente desplegarán todo su potencial de manera gradual y a largo plazo.

En nuestro informe, como les decía, abordamos tres aspectos clave para recuperar la confianza y salir de la crisis. Permítanme centrarme en ellos en mayor detalle.

Sistema bancario: es necesario atajar la crisis financiera rápidamente


Solventar las incertidumbres del sector bancario español es la prioridad inmediata: sólo creando estabilidad en el sistema financiero lograremos poner coto a la volatilidad que ha venido imperando en los mercados de deuda, y permitiremos que el crédito y la inversión vuelvan a fluir para generar actividad y consumo. La estabilización del sistema financiero también puede contribuir a romper el círculo vicioso que se ha establecido entre sector bancario y finanzas públicas.

Es esencial proceder a una rápida resolución ordenada de los bancos no viables y a la recapitalización de los bancos viables en situación de necesidad. En este sentido, el Memorando de Entendimiento con la Unión Europea proporciona un marco favorable que es necesario implementar. El gobierno ha dado también un paso muy positivo con la reciente creación y próxima puesta en marcha de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para gestionar los activos tóxicos y sanear los balances de las entidades. Debe seguirse por este camino. Por otra parte, es preciso que las potenciales pérdidas no las absorba únicamente el contribuyente y que se repartan con los acreedores privados e inversores institucionales.

La reestructuración bancaria debe acompañarse también de una reforma de los procedimientos de quiebra que aporte alivio a aquellos hogares que carecen de perspectivas razonables para poder saldar sus deudas. Una reforma de estos procedimientos, junto a la mejora de la eficiencia judicial, también puede contribuir a mejorar la reestructuración de las empresas sobre-endeudadas y fomentar la productividad.

Sin embargo, la acción y responsabilidad va más allá del propio gobierno español. La rápida introducción de una regulación bancaria común a nivel comunitario y de la recapitalización directa de los bancos con fondos de la zona del euro es necesaria para romper en último término ese peligroso círculo vicioso entre el sistema bancario y deuda soberana que opera a través de los spreads y que ustedes conocen tan bien. El lanzamiento del nuevo programa de compra de bonos (OMT) del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF) o del Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM) también ayudaría a reducir el spread de deuda soberana y debe ser bienvenido.

Finanzas públicas: es preciso restaurar la confianza.


Centrándonos en el ámbito de las cuentas públicas, la credibilidad de los tiempos y de las metas es el elemento clave para generar confianza.

La reforma del marco fiscal y los límites constitucionales impuestos al crecimiento del gasto público han devuelto la perspectiva de sostenibilidad. Ahora toca aplicar la normativa sin dilación, y en ese sentido la prioridad que el gobierno está dando a cumplir los nuevos objetivos de déficit público fijado en julio lanza un mensaje inequívoco. También apoyamos el plan del gobierno de respaldar esas nuevas reglas con una autoridad fiscal independiente que evaluará las políticas fiscales en todos los niveles de la administración.

No obstante, si el crecimiento se distancia del nivel esperado—como creemos probable—vemos razonable revisar los objetivos de déficit y permitir que en el corto plazo operen los estabilizadores automáticos para no frenar la reactivación. Además, creemos necesario detallar las medidas para estabilizar la deuda de las administraciones públicas, especialmente a nivel autonómico.

Por el lado de los ingresos tributarios, aplaudimos las medidas que el gobierno ha tomado para ampliar la carga fiscal, pero creemos que todavía hay margen de maniobra. En especial, se sigue gravando en exceso la actividad laboral,  lo que frena su dinamismo. Podría trasladarse carga fiscal de las rentas del trabajo hacia impuestos indirectos, impuestos a la propiedad o impuestos medioambientales.

Por ejemplo, se podría  aplicar el IVA general a determinados bienes y servicios que todavía se benefician de un tipo reducido. También hay espacio para eliminar exenciones y deducciones que se aplican en el IRPF—como ciertas rebajas en cotizaciones a la seguridad social que sólo deberían aplicarse a los tramos más bajos—y para aumentar los impuestos a los grupos de mayores ingresos. Hay que evitar que las desigualdades aumenten como consecuencia de la crisis, y el sistema tributario permitiría que aquellos que más tienen contribuyan en función de sus posibilidades en el importante esfuerzo de ajuste que está haciendo el país.

Otro aspecto que podría considerarse es hacer permanente la subida del IBI (impuesto de bienes inmuebles) al tiempo que se reduce la carga fiscal sobre las transacciones inmobiliarias. Y por supuesto, se deben reforzar los impuestos medioambientales, que todavía suponen una recaudación del 1,5% de PIB frente al 4% en muchos otros países europeos: no sólo supondrían una fuente adicional de ingresos para las arcas públicas, sino que también contribuirían a reducir externalidades ambientales negativas.

Todas estas medidas permitirían generar margen para mantener ciertas prestaciones sociales que, bien administradas y con el consiguiente sistema de incentivos, son fundamentales para apoyar a los hogares de menor renta que más están sufriendo los efectos de la crisis y del desempleo.

Desempleo: las reformas deben continuar.


Un tema particularmente importante que abordamos en nuestro informe es el impacto social de la crisis y la necesidad de proteger a aquellos sectores de la población más afectados por los ajustes. El apoyo a los grupos más vulnerables es fundamental para mantener los importantes logros sociales de las últimas décadas y afianzar la cohesión.

En este sentido, la gran asignatura pendiente de la economía española sigue siendo el drama del desempleo, que supera ya el 25% de la población activa y que afecta en especial a más de la mitad de los jóvenes económicamente activos de este país.

Como saben, desde la OCDE hemos apoyado con firmeza la última reforma del mercado laboral porque consideramos que aborda varias de las principales debilidades estructurales—en particular la excesiva protección de la contratación indefinida y de la negociación colectiva—que determinan la rigidez del mercado de trabajo español.

Mientras no reduzcamos la dualidad del mercado laboral el problema no será la protección del trabajador, sino la falta de trabajos. En este sentido, si la dualidad persiste, en la OCDE apostamos por la paulatina implantación de un modelo de contrato único que preserve derechos y garantías al tiempo que flexibilice las condiciones de contratación y despido.

Numerosos estudios demuestran que las diferencias de indemnización por despido entre los contratos indefinidos y los temporales han perjudicado seriamente las perspectivas de empleo juvenil y han redundado en una disminución de la productividad; además, la indemnización por despido sigue siendo más alta en España que en la mayoría de países.

Otra posibilidad de avanzar la flexibilidad del mercado laboral para adaptarse a las condiciones económicas radica en eliminar la extensión legal de la negociación colectiva, que obliga a las empresas a seguir los convenios sectoriales si no logran un convenio colectivo específico a escala individual.

También es necesario mejorar la eficacia de los servicios públicos de búsqueda de empleo. El gobierno ha adoptado importantes medidas en este sentido, permitiendo por ejemplo que las empresas de trabajo temporal puedan ofertar servicios de colocación. Pero se precisa una mejora en la supervisión y evaluación de los servicios de colocación, especialmente a nivel autonómico. En este sentido, se deberían introducir indicadores cuantitativos y cualitativos, vinculándolos con incentivos para un mejor rendimiento y resultados.

Por último, y en especial en el caso de los jóvenes, es necesario complementar la asistencia en la búsqueda de empleo con el acceso a la formación. Y el primer paso en este sentido radica en facilitar la transición de la escuela al trabajo y del trabajo a la escuela. Demasiados jóvenes dejan el sistema educativo sin las debidas cualificaciones. Dos prioridades nos parecen clave en este ámbito: reducir el alto índice de abandono escolar que se deriva de las repeticiones y flexibilizar el acceso a la formación profesional desde la educación secundaria y más tarde hacia la educación superior.

El gobierno está planteando medidas en este ámbito. Caben destacar los esfuerzos para reformar la formación profesional con el fin de hacerla más atractiva, una iniciativa que aplaudimos. Para seguir avanzando en esta dirección, proponemos ahondar en la mejora de la calidad de la formación profesional (FP) y, por ejemplo, integrar en los planes de estudio los contratos de formación. En definitiva, el sistema educativo debe dotar a los jóvenes de las competencias que necesitarán el día de mañana para competir en los mercados globales.

Señoras y Señores,

Vivimos tiempos difíciles y no cabe duda de que el entorno no es alentador. Pero desde la OCDE sí vemos un país que está tomando las medidas necesarias para retomar la senda del crecimiento y la creación de empleo.

La crisis nos está dando duro a todos, no sólo a España. Pero también está abriendo oportunidades para acometer las reformas estructurales que el país necesitaba para recuperar esa competitividad que permitirá generarán más ingreso, empleo y bienestar el día de mañana. A nivel europeo, también se están corrigiendo los déficits institucionales que había, de tal suerte que por primera vez contamos con los mecanismos para dar un giro a la situación.

No les quepa duda de que la OCDE seguirá a su lado. Estamos apoyando a nuestras principales economías en su agenda de reformas estructurales para mejorar la productividad y la competitividad, y por supuesto lo seguiremos haciendo con España. Hay que generar confianza en la economía de este país, porque sabemos que se están haciendo bien los deberes y que se han ganado el apoyo de sus socios europeos y de la comunidad internacional.

Muchas gracias por su atención.



 

 

Restoring Confidence in Order to Return to Growth and Employment

 

Countries list

  • Afghanistan
  • Albania
  • Algeria
  • Andorra
  • Angola
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Argentina
  • Armenia
  • Aruba
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaijan
  • Bahamas
  • Bahrain
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Belarus
  • Belgium
  • Belize
  • Benin
  • Bermuda
  • Bhutan
  • Bolivia
  • Bosnia and Herzegovina
  • Botswana
  • Brazil
  • Brunei Darussalam
  • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cambodia
  • Cameroon
  • Canada
  • Cape Verde
  • Cayman Islands
  • Central African Republic
  • Chad
  • Chile
  • China (People’s Republic of)
  • Chinese Taipei
  • Colombia
  • Comoros
  • Congo
  • Cook Islands
  • Costa Rica
  • Croatia
  • Cuba
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic People's Republic of Korea
  • Democratic Republic of the Congo
  • Denmark
  • Djibouti
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • Ecuador
  • Egypt
  • El Salvador
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Estonia
  • Ethiopia
  • European Union
  • Faeroe Islands
  • Fiji
  • Finland
  • Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
  • France
  • French Guiana
  • Gabon
  • Gambia
  • Georgia
  • Germany
  • Ghana
  • Gibraltar
  • Greece
  • Greenland
  • Grenada
  • Guatemala
  • Guernsey
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Guyana
  • Haiti
  • Honduras
  • Hong Kong, China
  • Hungary
  • Iceland
  • India
  • Indonesia
  • Iraq
  • Ireland
  • Islamic Republic of Iran
  • Isle of Man
  • Israel
  • Italy
  • Jamaica
  • Japan
  • Jersey
  • Jordan
  • Kazakhstan
  • Kenya
  • Kiribati
  • Korea
  • Kuwait
  • Kyrgyzstan
  • Lao People's Democratic Republic
  • Latvia
  • Lebanon
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macao (China)
  • Madagascar
  • Malawi
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mali
  • Malta
  • Marshall Islands
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Mexico
  • Micronesia (Federated States of)
  • Moldova
  • Monaco
  • Mongolia
  • Montenegro
  • Montserrat
  • Morocco
  • Mozambique
  • Myanmar
  • Namibia
  • Nauru
  • Nepal
  • Netherlands
  • Netherlands Antilles
  • New Zealand
  • Nicaragua
  • Niger
  • Nigeria
  • Niue
  • Norway
  • Oman
  • Pakistan
  • Palau
  • Palestinian Administered Areas
  • Panama
  • Papua New Guinea
  • Paraguay
  • Peru
  • Philippines
  • Poland
  • Portugal
  • Puerto Rico
  • Qatar
  • Romania
  • Russian Federation
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Samoa
  • San Marino
  • Sao Tome and Principe
  • Saudi Arabia
  • Senegal
  • Serbia
  • Serbia and Montenegro (pre-June 2006)
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Singapore
  • Slovak Republic
  • Slovenia
  • Solomon Islands
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Spain
  • Sri Lanka
  • Sudan
  • Suriname
  • Swaziland
  • Sweden
  • Switzerland
  • Syrian Arab Republic
  • Tajikistan
  • Tanzania
  • Thailand
  • Timor-Leste
  • Togo
  • Tokelau
  • Tonga
  • Trinidad and Tobago
  • Tunisia
  • Turkey
  • Turkmenistan
  • Turks and Caicos Islands
  • Tuvalu
  • Uganda
  • Ukraine
  • United Arab Emirates
  • United Kingdom
  • United States
  • United States Virgin Islands
  • Uruguay
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Venezuela
  • Vietnam
  • Virgin Islands (UK)
  • Wallis and Futuna Islands
  • Western Sahara
  • Yemen
  • Zambia
  • Zimbabwe