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La corrupción es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas. La OCDE es un líder global en la lucha contra la corrupción, tomando un enfoque multidisciplinario en las empresas a través de la Convención de la OCDE Anti-Sobornos, y a través de las áreas de impuestos, ayuda para el desarrollo y gobernanza en países miembros y no miembros. A través de los Programas regionales anti-corrupción, la OCDE tiene alcance global en la lucha contra con la corrupción. Permanente URL para este sitio: www.oecd.org/corruption
Temas de Combate a la Corrupción
Tratados Fiscales- Más información
Corrupción y Créditos a la Exportación - Más información
Corrupción en Negocios Internacionales - Más información
Información Relevante
La lucha contra la corrupción y el cohecho se ha convertido en prioridad central para todos los gobiernos de América Latina. La OCDE ha desarrollado normas internacionales de transparencia y cooperación sobre tributación para contrarrestar el abuso fiscal, especialmente en los paraísos fiscales y los países con estricto secreto bancario. El Grupo de Trabajo de Acción Financiera de la OCDE, al que pertenecen Argentina, Brasil y México, también extiende sus actividades al combate contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
A nivel regional, la ya larga colaboración con la Organización de Estados Americanos en el seguimiento y la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, fomenta la integridad pública y la cooperación regional en esta materia. Las compras públicas son otro sector de actividad especialmente vulnerable al fraude y la corrupción. En 2008, México, Brasil y Chile adoptaron los Principios de la OCDE para la Integridad en las Compras del Sector Público, ofreciendo pautas para la transparencia, el buen manejo, la prevención de las faltas de conducta y la rendición de cuentas, así como unmapa integral de riesgos que sirve a los auditores para evitar y detectar el fraude. Estos tres países junto a Argentina, son también miembros de la Convención para el Combate del Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, que requiere que los gobiernos hagan rendir cuentas a sus ciudadanos y sus empresas con respecto a tales delitos.
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