Preguntas Frecuentes proyecto OCDE - Secretaría de la Función Pública

 

1.      ¿Qué es la OCDE?

La OCDE es un foro global de políticas económicas que analiza datos y tendencias y proporciona consejo a sus 34 países miembros y a países socios en todo el mundo, procurando mejores políticas para una vida mejor.

Para mayor información, puede consultar http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/.

Para información adicional sobre la historia de la OCDE, puede consultar http://www.oecd.org/about/history/ (en inglés).

2.      ¿Cómo se financia la OCDE?

La OCDE es financiada por sus países miembros. Las contribuciones de cada uno de ellos se basan en el tamaño de sus economías. Además, los países pueden llevar a cabo contribuciones voluntarias para apoyar actividades específicas del programa de trabajo de la OCDE.

Para mayor información sobre cómo se fondea la OCDE, puede consultar http://www.oecd.org/about/budget/ (en inglés).

3. ¿Cómo lleva a cabo la OCDE su trabajo sobre gobernanza pública?

El trabajo de la OCDE sobre gobernanza pública es encabezado por el Comité de Gobernanza Pública (PGC). El PGC ayuda a los países a fortalecer su capacidad de gobierno al mejorar los sistemas para la elaboración de políticas públicas y el desempeño de las instituciones públicas. A través de reuniones de funcionarios y expertos de los países miembros, intercambios de información y conocimientos, datos y análisis, el PGC examina lo que los gobiernos hacen y cómo buscan mejorar la efectividad y eficiencia de las políticas públicas, así como la manera en cómo dan respuesta a las demandas ciudadanas y garantizan la calidad de los servicios. Al proporcionar información, monitorear y dirigir el trabajo del Secretariado de la OCDE, el PGC proporciona orientación estratégica al trabajo sobre gobernanza pública de la OCDE en el contexto de su misión: promover “mejores políticas para una vida mejor”.

El Comité se apoya en el trabajo del Directorado de Gobierno y Desarrollo Territorial (GOV), cuyos expertos son los encargados de realizar los documentos que analiza el Comité. La misión de GOV es ayudar a los gobiernos de cualquier orden (nacional o sub-nacional) a diseñar e implementar políticas públicas estratégicas, innovadoras y basadas en evidencia para fortalecer la gobernanza pública, responder efectivamente a los diversos desafíos económicos, sociales y ambientales y apoyar el logro de los compromisos gubernamentales con sus ciudadanos.

En su trabajo sobre gobernanza pública, la OCDE se concentra en temas como los siguientes:

  • Rendición de cuentas: esto se refiere a la posibilidad e intención de los gobiernos de mostrar hasta qué punto las medidas que aplica y las decisiones que toma son congruentes con objetivos claramente definidos y acordados.
  • Transparencia: las medidas que toma el gobierno, así como sus decisiones y los procesos que llevan a las mismas, están abiertos en un nivel de escrutinio adecuado para ser objeto de revisión en otros sectores del gobierno o por la sociedad civil y, en algunos casos, instituciones externas.
  • Integridad: se refiere al uso adecuado de fondos, recursos, activos y atribuciones en el sector público, para los objetivos oficiales para los que se destinaron.
  • Eficiencia y eficacia: es la capacidad con la que el gobierno cuenta para generar productos públicos de calidad, incluyendo los servicios que se prestan a los ciudadanos, al mejor costo, y garantiza que lo ofrecido cumpla con las intenciones originales de los encargados del diseño de políticas públicas.
  • Capacidad de respuesta: el gobierno tiene la capacidad y la flexibilidad para responder con rapidez a los cambios en la sociedad, toma en cuenta las expectativas de la sociedad civil en la identificación del interés público general y tiene la voluntad de analizar su papel desde una perspectiva crítica.
  • Visión prospectiva: el gobierno está en posibilidad de prever problemas y temas a futuro, con base en los datos y las tendencias actuales y diseña políticas que toman en cuenta los costos futuros y los cambios previstos (por ejemplo, en los ámbitos demográfico, económico y ambiental).
  • Estado de derecho: el gobierno ejecuta las leyes, las regulaciones y los códigos de manera igual y transparente.

Además de estos elementos, una gobernanza pública adecuada debe considerar la agilidad estratégica, que consiste en la capacidad del gobierno para prever y responder con flexibilidad a los retos de políticas públicas que cada vez son más complejos. En este sentido, se requieren marcos de referencia para hacer posible una toma de decisiones rápida y de calidad y garantizar su implementación a fin de generar valor público. Por último, una gobernanza adecuada implica un servicio público eficiente, un sistema judicial independiente, la rendición de cuentas en la administración de fondos públicos y una estructura institucional plural.

Para tales fines, el PGC se apoya en distintos grupos de trabajo, tales como el Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios sobre Integridad Pública (SPIO). El SPIO promueve el diseño y la implementación de políticas de integridad y para el combate a la corrupción que apoyan la buena gobernanza pública y buscan fortalecer valores básicos, mejorar la credibilidad y capacidad de las instituciones involucradas en el diseño de políticas públicas y las condiciones que dan forma a dicho proceso. El SPIO presta una especial atención a temas emergentes relacionados con los riesgos de las interfaces entre los sectores público y privado, incluyendo la gestión de conflictos de interés, el cabildeo y el rol del financiamiento y las influencias en la toma de decisiones públicas, así como también en mecanismos de integridad y rendición de cuentas, incluyendo el control interno y externo. 

Para mayor información sobre el trabajo de la OCDE en materia de gobernanza pública, puede consultar http://www.oecd.org/governance/ (en inglés).

Para mayor información sobre el PGC y su mandato, puede consultar: http://www.oecd.org/gov/Handbook.pdf (en inglés).

Para información adicional sobre el SPIO, puede consultar: http://www.oecd.org/corruption/ethics/ (en inglés).

Para mayor información sobre las actividades de GOV, puede consultar: http://www.oecd.org/governance/ (en inglés).

4.      ¿En qué consiste la metodología de “revisión por pares”?

La “revisión por pares” es un método utilizado por la OCDE que consiste en el análisis de las políticas y prácticas de un país con el apoyo de expertos (pares) de otros países. Esta metodología permite a los pares identificar retos comunes y pensar sobre la manera en qué soluciones diferentes pueden adaptarse al contexto específico de otro país. Es una herramienta efectiva para la mejora de las políticas públicas gracias a:

  • la difusión de conocimiento experto y lecciones relevantes por parte de los pares;
  • una metodología estandarizada y criterios para evaluar el desempeño de los países;
  • un mecanismo sistemático y recurrente de monitoreo; y
  • aprendizaje mutuo entre pares y desarrollo de capacidades.

5.      ¿Cuál ha sido la contribución global de la OCDE a las reformas en materia de integridad?

La OCDE ha apoyado a los gobiernos a reformar sus políticas de integridad para asegurar un crecimiento incluyente y sostenido a largo plazo y la confianza en las instituciones gubernamentales al analizar temas como los siguientes:

  • Conflicto de interés: La OCDE ayuda a los países a modernizar sus enfoques para gestionar conflictos de interés al mapear áreas y posiciones “en riesgo” dentro del servicio público. También ha identificado una serie de principios básicos y estándares para el diseño e implementación de políticas sobre conflictos de interés. Además, la OCDE ha desarrollado los Lineamientos para Gestionar Conflictos de Interés en el Servicio Público. La Organización apoya y mide el progreso en la implementación de los Lineamientos a través de un manual que proporciona ejemplos e ideas prácticas e instrumentos para funcionarios y administradores. También realiza análisis sobre la aplicación de políticas sobre conflictos de interés.
  • Cabildeo: A la luz de los riesgos que implica el cabildeo y la enorme movilización de recursos privados que conlleva, la presión pública a nivel mundial crece para que la regulación de esta actividad se coloque en la agenda política. Las experiencias revisadas por la OCDE muestran que la regulación del cabildeo ha resultado difícil para los tomadores de decisiones, dada la complejidad y naturaleza sensible del tema, llevando a que muchos países OCDE opten por la auto-regulación. Para ayudar a atender estas preocupaciones, los países miembros de la OCDE adoptaron en 2010 la Recomendación sobre Principios para la Transparencia y la Integridad en el Cabildeo, como una guía para los tomadores de decisiones sobre cómo promover una buena gobernanza del cabildeo. Además, basado en los puntos principales de la Recomendación, el Manual OCDE CleanGovBiz sobre Cabildeo[1] ofrece una guía práctica sobre cómo aplicar los principios. La publicación de la OCDE Cabilderos, Gobierno y Confianza Pública: Volumen 3, Implementando los Principios para la Transparencia y la Integridad en el Cabildeo registra el progreso hecho por los países en la implementación de los principios OCDE y contribuye a la Estrategia de la OCDE sobre Confianza, que busca ayudar a los gobiernos a recuperar la confianza no sólo en lo concerniente a cabildeo, sino también a conflictos de interés y financiamiento de campañas.
  • Financiamiento de la democracia: En su próxima publicación Financiando la Democracia: Marco para Respaldar Mejores Políticas Públicas y Evitar la Captura, la OCDE presenta un Marco para el Financiamiento de la Democracia. Este marco busca identificar un amplio rango de áreas de riesgo y proporcionar herramientas para regular adecuadamente el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales a fin de favorecer la integridad y la credibilidad de los procesos de toma de decisiones gubernamentales. La publicación contribuye a los esfuerzos de la OCDE en el marco de la Estrategia sobre Confianza, con el objetivo de restaurar la confianza en los gobiernos y apoyar el crecimiento incluyente. Además, este marco favorece la transparencia y promueve un “piso parejo” para partidos y candidatos en materia de financiamiento público, financiamiento privado, límites de gasto, declaración y escrutinio del financiamiento, cumplimiento a través de una vigilancia independiente y eficiente, sanciones y monitoreo. El marco también se concentra en la necesidad de promover una amplia cultura de integridad en los sectores público y privado, a través de códigos de conducta, reglas sobre conflictos de interés y un marco para el cabildeo y la declaración de activos, entre otros.
  • Protección a denunciantes de actos de corrupción: La protección a los denunciantes de actos de corrupción es esencial para salvaguardar el interés público y promover una cultura de rendición de cuentas e integridad. La OCDE ha recabado y analizado información sobre los enfoques y las tendencias relativas a este tema en sus países miembros y desarrolló un manual para quienes diseñan políticas públicas. El próximo reporte de la OCDE Revisando la Protección a Denunciantes de Actos de Corrupción en los Países OCDE: De los Compromisos a la Protección Efectiva (2014) se concentra en las características principales de los sistemas y leyes para la protección a denunciantes de actos de corrupción, tanto en el sector público como en el privado, y proporciona ejemplos de enfoques y tendencias en países miembros. En la Cumbre del G-20, realizada en Seúl en noviembre del 2010, sus líderes identificaron a la protección a denunciantes de actos de corrupción como uno de los temas de alta prioridad dentro de su agenda global anti-corrupción.  A petición de sus miembros, la OCDE preparó un estudio sobre las principales características de los marcos para la protección a denunciantes de actos de corrupción en países del G-20, incluyendo principios rectores y buenas prácticas. Además, basado en los Principios Rectores del G-20 para la Legislación sobre Protección a Denunciantes de Actos de Corrupción, el Manual OCDE CleanGovBiz sobre Protección a Denunciantes de Actos de Corrupción ofrece una guía práctica a través de una lista de criterios con siete preguntas dirigidas a diseñadores de políticas públicas interesados en motivar y proteger a los denunciantes.
  • Contrataciones públicas: El Consejo de la OCDE adoptó una nueva Recomendación sobre Contrataciones Públicas el 18 de febrero del 2015. Esta nueva recomendación cubre todo el ciclo de contrataciones públicas y les reconoce como un pilar crucial de la gobernanza estratégica, construyendo sobre principios básicos como transparencia, gestión de calidad, prevención de conductas inadecuadas, cumplimiento y vigilancia y rendición de cuentas.  Al elaborar al detalle recomendaciones sobre cómo implementar un sistema de contrataciones públicas que utilice las mejores técnicas y herramientas para aplicar los recursos públicos de manera sustentable y eficiente, la nueva Recomendación proporciona una orientación robusta para que los países lleven a cabo reformas y mejoren sus sistemas de contrataciones públicas.

Para mayor información, puede consultar http://www.oecd.org/corruption/ethics/ (en inglés).

6.      ¿Cómo se acuerda el proyecto con la Secretaría de la Función Pública (SFP)?

La OCDE puede trabajar de manera bilateral con los países en temas específicos, a petición de ellos mismos. En este caso, la Secretaría de la Función Pública en México solicitó a la OCDE un Estudio sobre Integridad, concentrado en el combate a la corrupción y la prevención de conflictos de interés, así como en materia de integridad en el servicio público. Para tal fin, la OCDE y la SFP suscriben un acuerdo que es financiado con una contribución de la SFP.

7.      ¿Cuál es la naturaleza de la contribución financiera hecha por México a la OCDE en el contexto del proyecto con la SFP?

La contribución efectuada por el Gobierno de México a la OCDE en el contexto específico de este proyecto servirá para financiar los costos operativos requeridos para administrar las actividades previstas en el acuerdo entre la SFP y la OCDE. Estos costos incluyen el tiempo del personal de la OCDE, los costos de las misiones del personal de la OCDE, pares y expertos que participan en reuniones y seminarios, costos derivados de la traducción de documentos o de servicios de interpretación simultánea, trabajo editorial y gastos administrativos. La contribución efectuada cubre estos diferentes elementos hasta el 30 de junio del 2018. Esta contribución cubre solamente los costos incurridos por la OCDE como resultado de su trabajo en este proyecto. Dado que la OCDE no es una firma de consultoría, no se pretende una rentabilidad por sus actividades.

8.      ¿Cuál es el valor agregado de la OCDE para el proyecto con la SFP?

México, a través de la SFP, se beneficiará de la experiencia de la OCDE en mejorar las políticas de integridad de sus países miembros y no miembros. El conocimiento experto creado por nuestros estudios nacionales y las discusiones sostenidas en el seno del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE, el Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios sobre Integridad Pública y el Grupo de Trabajo de Expertos Líderes en Contrataciones Públicas son activos que ninguna otra organización puede ofrecer. Además, el apoyo de pares expertos a los procesos de análisis y desarrollo de capacidades generan un enfoque práctico exclusivo de la OCDE.

Recientemente, la OCDE realizó estudios sobre integridad en Italia y Brasil. El Estudio sobre Integridad de Italia, Fortaleciendo la Integridad del Sector Público: Restableciendo la Confianza para un Crecimiento Sostenido, proporcionó guía a la implementación de la Ley No. 190 del 6 de Noviembre del 2012 (también conocida como Ley Anti-corrupción), particularmente de sus elementos clave para la integridad y la prevención de la corrupción relacionados con la coordinación institucional, la regulación de las conductas de los servidores públicos y la protección a denunciantes de actos de corrupción, así como también la gestión de riesgos de integridad en actividades del sector público.

De igual manera, el Estudio sobre Integridad de Brasil, Gestionando Riesgos para un Servicio Público más Limpio, analizó el funcionamiento de estructuras, prácticas y procedimientos que se establecieron para promover la integridad y prevenir la corrupción e identificó áreas de concentración para futuros esfuerzos, basándose en experiencias recientes y buenas prácticas de países OCDE.

9.      ¿Qué es lo que hará exactamente la OCDE en el proyecto con la SFP?

El rol de la OCDE es proporcionar conocimientos a quienes toman las decisiones y transferir buenas prácticas en el diseño e implementación de políticas de integridad, particularmente en lo relativo a códigos de ética, transparencia, rendición de cuentas, conflictos de interés, declaración de activos y contrataciones públicas. Para este fin, nos apoyaremos en los conocimientos expertos desarrollados por nuestros países miembros. El Gobierno de México será el responsable de revisar y evaluar cuáles de las recomendaciones de la OCDE adoptará. El papel de la OCDE se concentra en proporcionar experiencia basada en evidencia para ayudar a las autoridades nacionales a tomar las mejores decisiones y, dado que no cuenta con la autoridad legal para hacerlo, no revisará casos específicos de supuestas irregularidades. Corresponderá al Gobierno de México decidir cómo utilizar las recomendaciones de la OCDE de la mejor manera.

La OCDE desarrollará un Estudio sobre Integridad tomando en consideración las mejores prácticas internacionales y teniendo como contexto experiencias exitosas de otros países miembros de la OCDE en el diseño de sus políticas públicas en materia de fomento a la integridad, concentrándose las siguientes áreas:

1)                    Arreglos Institucionales: organización y coordinación;

2)                    Valores, normas y códigos de conducta;

3)                    Conflictos de Interés;

4)                    Protección a Denunciantes; y

5)                    Auditoría y Control Interno.

Para tal efecto, la OCDE propondrá recomendaciones y proporcionará asistencia técnica, por ejemplo, sobre lo siguiente:

  • Identificación de potenciales conflictos de interés;
  • Capacitación y especialización en materia de combate a la corrupción y gestión de conflictos de interés para los funcionarios de las unidades responsables de determinar la existencia de conflictos de interés, dictar medidas preventivas y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes;
  • Funcionamiento de Comités de Ética hacia el interior del gobierno;
  • Diseño de reglas de integridad para la Administración Pública Federal, que estén orientadas a prevenir conflictos de interés y a asegurar el destino y el uso adecuado de los recursos asignados a los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, particularmente en aquellos sectores que participen en procedimientos de contrataciones públicas vía licitación o adjudicación directa;
  • Protocolos de contacto entre particulares y servidores públicos que participen en los procedimientos mencionados en el punto anterior;
  • Mecanismos para la certificación en materia de combate a la corrupción para los servidores públicos que participen en los procedimientos referidos;
  • Evaluación y capacitación en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas y de prevención de conflictos de interés;
  • Revisión de los mecanismos de control interno de la SFP, a fin de asegurar la adecuada utilización de los recursos públicos y la salvaguarda de la integridad del sector público, mediante el análisis de las capacidades institucionales, destrezas y el diseño de herramientas innovadoras y mecanismos modernos, a fin de actualizar el control interno con base en la experiencia de otros países miembros de la OCDE;
  • Implementación de foros de consulta en colaboración con los sectores interesados, cámaras empresariales y la sociedad civil, en materia de combate a la corrupción;
  • Evaluación de la disposición institucional para la lucha contra la corrupción y propuestas para la asignación de responsabilidades de todas las autoridades involucradas, incluyendo los desafíos observados, así como sugerencias para la racionalización de los arreglos institucionales, incluyendo al Sistema Nacional Anticorrupción;
  • Diseño de mecanismos de colaboración con el sector privado en materia de transparencia y combate a la corrupción; y
  • Asistencia técnica sobre las alternativas en políticas anticorrupción y las condiciones necesarias para que sean exitosas.

Adicionalmente, como parte de su asistencia técnica, la OCDE proporcionará a la SFP propuestas para fortalecer la arquitectura institucional a favor de la integridad y respaldar sus esfuerzos a favor de la eficiencia. Ello requerirá de la colaboración de la SFP y de representantes del sector privado y académico.

Este proceso implicará la evaluación de las leyes y reglamentaciones vigentes en materia de fomento a la integridad y prevención de conflictos de interés, así como el análisis y la revisión de las acciones que se implementan por parte de la SFP. Su finalidad será el desarrollo de alternativas y propuestas que disminuyan o eliminen la corrupción y los conflictos de interés, así como producir diagnósticos que permitan alcanzar niveles satisfactorios de integridad en el servicio público.

Dieciocho (18) meses después de finalizado el Estudio, la OCDE evaluará el progreso de las partes involucradas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés.

10.   ¿Cómo se vinculará la OCDE con actores no gubernamentales en el contexto del proyecto con la SFP?

Como parte de su metodología de recolección de información, la OCDE se vinculará y sostendrá diálogos con diferentes tipos de actores, tales como ONG’s, cámaras empresariales, centros de estudio y universidades, con el propósito de tener diferentes perspectivas sobre los retos que pudieran afectar la integridad en la administración pública y las posibles soluciones. Los temas a discutir con estos grupos incluyen integridad, contrataciones públicas, conflicto de interés, gestión de riesgos y el marco regulatorio aplicable.


[1] La iniciativa CleanGovBiz ayuda a los gobiernos a fortalecer su lucha contra la corrupción e involucrar a la sociedad civil y el sector privado en el logro de un cambio sustancial a favor de la integridad.

 

Related Documents

 

Also AvailableEgalement disponible(s)

Countries list

  • Afghanistan
  • Albania
  • Algeria
  • Andorra
  • Angola
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Argentina
  • Armenia
  • Aruba
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaijan
  • Bahamas
  • Bahrain
  • Guernsey
  • Jersey
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Belarus
  • Belgium
  • Belize
  • Benin
  • Bermuda
  • Bhutan
  • Venezuela
  • Bosnia and Herzegovina
  • Botswana
  • Brazil
  • British Virgin Islands
  • Brunei Darussalam
  • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cabo Verde
  • Cambodia
  • Cameroon
  • Canada
  • Cayman Islands
  • Central African Republic
  • Chad
  • Chile
  • Chinese Taipei^Taipei
  • Colombia
  • Comoros
  • Cook Islands
  • Costa Rica
  • Côte d'Ivoire
  • Croatia
  • Cuba
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Democratic People's Republic of Korea
  • Democratic Republic of the Congo
  • Denmark
  • Djibouti
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • Ecuador
  • Egypt
  • El Salvador
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Estonia
  • Ethiopia
  • European Union
  • Faroe Islands
  • Micronesia
  • Fiji
  • Finland
  • Republic of North Macedonia
  • France
  • French Guiana
  • Gabon
  • Gambia
  • Georgia
  • Germany
  • Ghana
  • Gibraltar
  • Greece
  • Greenland
  • Grenada
  • Guatemala
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Guyana
  • Haiti
  • Honduras
  • Hong Kong (China)
  • Hungary
  • Iceland
  • India
  • Indonesia
  • Iraq
  • Ireland
  • Iran
  • Isle of Man
  • Israel
  • Italy
  • Jamaica
  • Japan
  • Jordan
  • Kazakhstan
  • Kenya
  • Kiribati
  • Korea
  • Kuwait
  • Kyrgyzstan
  • Lao People's Democratic Republic
  • Latvia
  • Lebanon
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macau (China)
  • Madagascar
  • Malawi
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mali
  • Malta
  • Marshall Islands
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Mexico
  • Monaco
  • Mongolia
  • Montenegro
  • Montserrat
  • Morocco
  • Mozambique
  • Myanmar
  • Namibia
  • Nauru
  • Nepal
  • Netherlands
  • New Zealand
  • Nicaragua
  • Niger
  • Nigeria
  • Niue
  • Norway
  • Oman
  • Pakistan
  • Palau
  • Palestinian Authority
  • Panama
  • Papua New Guinea
  • Paraguay
  • China (People’s Republic of)
  • Peru
  • Philippines
  • Bolivia
  • Poland
  • Portugal
  • Puerto Rico
  • Qatar
  • Moldova
  • Congo
  • Romania
  • Russia
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Samoa
  • San Marino
  • Sao Tome and Principe
  • Saudi Arabia
  • Senegal
  • Serbia
  • Serbia and Montenegro (pre-June 2006)
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Singapore
  • Slovak Republic
  • Slovenia
  • Solomon Islands
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Spain
  • Sri Lanka
  • Sudan
  • Suriname
  • Swaziland
  • Sweden
  • Switzerland
  • Syrian Arab Republic
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Timor-Leste
  • Togo
  • Tokelau
  • Tonga
  • Trinidad and Tobago
  • Tunisia
  • Turkey
  • Turkmenistan
  • Turks and Caicos Islands
  • Tuvalu
  • Uganda
  • Ukraine
  • United Arab Emirates
  • United Kingdom
  • Tanzania
  • United States
  • United States Virgin Islands
  • Uruguay
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Viet Nam
  • Wallis and Futuna
  • Western Sahara
  • Yemen
  • Zambia
  • Zimbabwe
  • Curaçao
  • Bonaire
  • Saba
  • Topics list